Prudencia, proporcionalidad, inteligencia y legalidad

El presidente del Gobierno nos pide "prudencia, proporcionalidad, inteligencia y legalidad" para atajar el problema catalán. Prudencia es lo que ha sobrado en este proceso, pues hace ya más de cuatro años que se han venido produciendo casos clarísimos que exigían la intervención del Gobierno en la autonomía catalana para evitar los insultos y menosprecio a España, tal es el caso del España nos roba, la bandera independentista situada en plazas y edificios públicos, las últimas vejaciones al jefe del Estado, los silbidos a la bandera y símbolos que son de todos y el menosprecio generalizado a todo lo español; aun recordamos las multas de la Generalidad impuestas a comerciantes por el mero uso de rotular en castellano sus establecimientos, la prohibición de venta de folclóricas andaluzas en los tenderetes para turistas y un sinfín de hechos de mayor o menor importancia con que han manifestado su desprecio a España y lo español. Por tanto creemos que la mitad de los catalanes, junto con el resto de los españoles, hemos demostrado excesiva prudencia, si es que la prudencia puede alguna vez ser excesiva.

Respecto a la proporcionalidad, suponemos que se refiere a partir de ahora, porque hasta este momento no ha habido respuesta por parte del Estado, ni proporcional ni de ningún otro tipo, aunque hubiera sido necesaria cuando se celebró la consulta que no se iba a celebrar "mientras yo sea presidente del Gobierno", se incumplían sentencias de la jurisdicción ordinaria, del Tribunal Supremo e incluso del Tribunal Constitucional, cual es el caso de la Ley de Banderas, la de Unidad de Mercado, la Lomce, la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano y otras muchas del mismo tenor. El gobierno de España no ha respondido de ninguna manera, ni con proporcionalidad ni sin ella.

Sobre la inteligencia no puedo decir nada, a un presidente de Gobierno se le presupone y por ello no dudo de su inteligencia, no obstante debemos reconocer que los secesionistas están bajo el mando del HP de Pujol, (no hay que ser malpensado, me refiero al Hijo Político del Sr. Pujol, lejos de mi cualquier tipo de insulto), cuya inteligencia hasta este momento, ha dado los frutos por él deseados. Naturalmente hay que actuar inteligentemente, pero eso se presupone para ambas partes del conflicto.

Pero es en la legalidad donde el gobierno de España ha cometido sus mayores errores permitiendo insultos y descalificaciones a las instituciones y personas del Estado sin que se haya aplicado la legalidad para esos casos concretos, no obligando a cumplir las sentencias y disposiciones emanadas de los diferentes Tribunales, permitiendo la indefensión de ciudadanos españoles que ven vulnerados sus derechos fundamentales como son la libertad de expresión en los comercios o la elección de enseñanza en las escuelas sin que el Estado les haya amparado. Tal vez el Sr. Mas y sus secuaces no sean reos de rebelión, por cuanto les falta la violencia física, que llegará, aun cuando el apartado 5 del Art. 472, establece que lo son por declarar la independencia de una parte del territorio nacional; sin embargo si lo serían del delito de sedición de conformidad con el Art. 544 y siguientes de la Ley Orgánica 10/95 que manifiesta: Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales; y el 548 establece la pena: La provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas, salvo que llegue a tener efecto la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo 545, y a sus autores se los considerará promotores. Es evidente que la aplicación de la Ley traería como consecuencia tumultos y desmanes en la vía pública que habría que atajar, pero las manifestaciones y algaradas callejeras ya no podrán ser evitadas.

El lunes se aprobó la declaración independentista, último eslabón del proceso encaminado a la creación de una republica catalana, al que le han precedido la creación de estructuras de estado tales como embajadas, la hacienda catalana, el banco central, etc., que si ahora están solo en el papel, cada día serán más reales.

Y estamos donde no queríamos estar y el enfrentamiento es inevitable por más que el Gobierno lo trate de demorarlo con su inanición.

Consummatum est