El Serla: el nuevo chollo de sindicatos y patronal

Llevaban un tiempo preocupados los responsables de finanzas de los dos sindicatos que se arrogan en exclusividad la representación del conjunto de los trabajadores (pese a su mínima afiliación y pese a la existencia de otros muchos sindicatos a los que siempre intentan relegar); tampoco el señor del dinero de la organización patronal de la comunidad autónoma pasaba por sus mejores momentos. Unos y otros habían conseguido durante mucho tiempo mantener sus anquilosadas estructuras gracias al caudal de dinero público que financiaba los cursos de formación de trabajadores y parados, hasta el punto de que todos ellos crearon sus propios organismos de formación para tener una pantalla opaca cubriendo sus finanzas.

Pero empezaron a saltar por doquier casos de abuso y de corrupción, los tribunales han abierto numerosos procedimientos por desvíos de fondos destinados a la formación de parados, y la Administración se ha visto abocada a incrementar los controles y a exigir una transparencia que antes no existía; si sumamos el devastador efecto de los recortes, que han reducido de forma muy considerable el presupuesto destinado a estos cursos, la situación ha llegado a amenazar la propia supervivencia financiera de los sindicatos y de las organizaciones patronales. Ya no es posible mantener el viejo sistema, porque la ciudadanía es cada vez más sensible a este tipo de componendas, y el sentir general es que estos cursos no responden a las necesidades reales de los trabajadores sino a las de las organizaciones que los han gestionado sin controles efectivos.

Así, los ejecutivos de los sindicatos y la patronal (sí, ejecutivos, porque los sindicatos ya no son la clase obrera organizada en defensa de sus intereses, sino meras estructuras para ofrecer servicios a sus clientes afiliados) han tenido que ponerse a pensar cómo obtener fondos por otras vías. Y en medio de estos pensamientos alguna cabeza privilegiada se ha acordado de la existencia de un organismo llamado Serla que ofrece grandes posibilidades para ser la nueva fuente de financiación.

El Serla (siglas del Servicio de Relaciones Laborales) es un organismo creado en el año 1996 por CC.OO., U.G.T. y Cecale, para realizar labores de mediación o arbitraje en los conflictos de carácter colectivo en los que fueran parte los firmantes. Así, en los casos de huelgas, bloqueo en la negociación colectiva, discrepancias en la interpretación de convenios, etc., las partes firmantes del acuerdo se comprometían a intentar llegar a un acuerdo a través de la mediación o el arbitraje de los mediadores nombrados por ellos mismos. Hasta aquí nada que objetar, es lógico que existan mecanismos de mediación en los conflictos colectivos.

Pero la situación ha cambiado. Los dos sindicatos y la patronal que dirigen el Serla han firmado un acuerdo por el que pretenden que su actividad se extienda a los conflictos individuales, es decir, que cualquier trabajador que tenga un conflicto con su empresario (despidos, sanciones, condiciones de trabajo, etc) esté obligado a someter este conflicto al Serla antes de poder acudir a los juzgados para resolverlo. Esta obligación de intentar una conciliación antes de poder formular una demanda judicial puede ser valorada como se quiera, incluso puede tener su lado positivo, lo que ocurre es que ya existe, está en la Ley de la Jurisdicción Social y se realiza como un servicio público por la propia Administración (en concreto por la Sección de mediación, arbitraje y conciliación ?más conocida como SMAC-, dependiente de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León); ahora se pretende que se haga en un organismo privado, gestionado directamente por algunos sindicatos y la patronal. Una nueva forma de privatización de un servicio público, en este caso con un precio tasado, porque los firmantes del pacto han solicitado a la Junta de Castilla y León que financie su servicio con la módica cantidad de tres millones de euros anuales. Tienen el descaro de justificar su pretensión alegando que supondrá un ahorro para la Administración de Justicia, afirmación que carece de todo fundamento, y no tienen ningún reparo en hacer más complicado el ejercicio del derecho de defensa a los trabajadores, que tendrán que hacer uso de este "servicio" aunque no quieran; además, como parece que no quieren asumir de momento todos los conflictos, sino solo algunos de ellos, puede darse el caso de que un trabajador que deba plantear varias reclamaciones deba ir en unos caso al SMAC y en otros al Serla antes de poder presentar su demanda, con lo que se hace más complicado aún el ejercicio de su derecho.

Es evidente que debemos plantearnos el papel de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, y si consideramos (como considero sin ninguna duda) que son fundamentales en una sociedad democrática debemos resolver el problema de su financiación de forma pública clara y transparente, con criterios objetivos e iguales para todos; pero lo que no podemos permitir es que se siga pervirtiendo el servicio público (formación, servicios de mediación, información) para obtener chollos y financiaciones extrañas que solo pueden llevar a más descrédito.