El Consejo de Ministros deniega la autorización para realizar una consulta popular sobre la mina

El Ayuntamiento de Retortillo no podrá llevar a cabo la consulta popular que quería organizar para preguntar a los vecinos su opinión sobre los proyectos mineros que está poniendo en marcha la empresa australiana Berkeley en ese municipio y en el de Villavieja de Yeltes.

La consulta iba a tener como pregunta concreta '¿Está a favor o en contra del proyecto de explotación minera de uranio que se está realizando en el término municipal de Retortillo?', asegurando el alcalde de la localidad, Lorenzo Calderón, que la opinión ganadora en la consulta iba a ser la postura que iba a adoptar el Ayuntamiento hacia el proyecto minero.

El Consistorio quería haber hecho la consulta el pasado mes de agosto, para aprovechar que en ese momento del año hay más personas residiendo en Retortillo debido a las vacaciones veraniegas. Sin embargo, en aquel momento la consulta fue suspendida a la espera de que se pronunciara el Gobierno de la Nación, ya que como recoge la Constitución, el Estado es el único ente que puede autorizar la convocatoria de consultas populares.

Dos meses después, el Consejo de Ministros determinó en su reunión de la mañana del viernes no autorizar al Ayuntamiento de Retortillo a realizar la consulta prevista, por incumplir la Ley de Bases de Régimen Local.

Según se explica en el acuerdo del Consejo de Ministros, la Ley de Bases recoge la posibilidad de que los vecinos soliciten una consulta popular, pero en este caso la consulta prevista incumpliría la citada Ley, ya que, desde el punto de vista del Estado, la temática "no es de carácter local ni de competencia municipal".

Por un lado, la consulta sería sobre una explotación minera de uranio, "una materia que no está contemplada en la citada Ley de Bases, ya que no se atribuye ningún tipo de competencia en materia energética ni minera a los municipios".

Por otro lado, el Gobierno entiende que el objeto de la consulta "no es de carácter local", ya que la explotación de una mina de uranio "afecta a aspectos económicos, energéticos y medioambientales que afectan a intereses municipales, comarcales, provinciales, nacionales e incluso internacionales".

En el Acuerdo del Consejo de Ministros sí se reconoce que el asunto es de "especial relevancia para los intereses de los vecinos".