Consenso necesario

En estos días se está debatiendo en el Parlamento la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para que éste órgano judicial pueda suspender de sus funciones a quienes no cumplan con las resoluciones del Tribunal de Garantías Constitucionales. Los partidos de la oposición se han opuesto en bloque porque consideran que el PP y el Gobierno quieren imponer con sus votos la modificación de una ley tan importante, haciendo un uso partidista y electoralista de las instituciones democráticas que nos representan a todos y que deben ser objeto de una reflexión sosegada por parte de las diferentes fuerzas políticas del Parlamento, discutiendo, hablando, negociando y llegando a acuerdos, tan necesarios en estos tiempos en los que la hipocresía política ha desplazado, por desgracia, a aquéllos tiempos de la transición. Aquella época en la que los parlamentarios trabajaban a destajo sabiendo lo importante que era la necesaria recuperación de la democracia después de los oscuros años de la guerra civil y la dictadura.

Pues bien, la LOTC, la 2 de 1979, de 3 de octubre, fue aprobada por consenso entre la UCD y el PSOE y los editoriales periodísticos de la época y los comentaristas políticos elogiaban la labor de gobierno y oposición, porque cada uno estaba a la altura de las circunstancias. Y, desde luego, no fue la única Ley importante en la que predominó el diálogo, la negociación y el consenso. Hasta ese momento se habían aprobado normas tan relevantes como la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, la General Penitenciaria, en las que el consenso fue la característica fundamental y que ha garantizado su pervivencia en el tiempo. Algunos panegíricos como "el Gobierno está cumpliendo, en líneas generales y, con escaso retraso, el calendario legislativo al que se había comprometido, y congresistas y senadores están justificando los votos de los electores y los honorarios del Tesoro, mediante un trabajo continuado en ponencias, comisiones y plenos" (Editorial de "El País", de 29-09-1979), eran típicos de aquellos años, algo que hoy es impensable. ¿Qué habrán hecho los políticos de la actualidad para que la ciudadanía esté harta y los califique de vagos y corruptos y que no se merezcan el salario que perciben?

Entonces, gobierno y oposición sabían lo importante que era hacer políticas de Estado y los hombres y mujeres que nos representaban, como buenos negociadores, tenían que renunciar a muchos de sus principios para poder llegar a acuerdos de Estado, tan necesarios para tejer, sin fisuras, los jirones de la convivencia. Pero, mientras tanto, "otros" se dedicaban a torpedear esos acuerdos alcanzados. Me refiero, como más de uno podrá imaginar, a José María Aznar, en cuyos artículos incendiarios publicados en el diario "La Nueva Rioja" criticaba duramente el consenso parlamentario que aprobó la Constitución y a la que calificó de "primer atentado al parlamento" (El Parlamento, hazmerreir de nuestra democracia, 25-07-1979). Otros de sus artículos (hasta 7 publicados en ese mismo rotativo) también son dignos de estudio, sobre todo cuando después, con los años y ser presidente del gobierno se convirtió en un forofo de la transición política y de la Constitución Española.

Y cómo no, de aquél maestro que criticó el consenso vienen sus discípulos, los que ahora gobiernan. De aquellos polvos vienen estos lodos (nunca mejor dicho) y ninguno de los maestros de la transición hubiera tolerado tal desaguisado. ¿Qué pensarían hoy políticos de la talla de Suárez, González, Fraga, Carrillo, Pérez Llorca, Gabriel Cisneros, Solé Tura o Peces Barba? Pero estamos en la era de la imposición en lugar del consenso, de la soberbia en lugar de la humildad democrática, de la ambición inmisericorde del Ejecutivo por hacerse con el mando no sólo del Legislativo, sino también del Poder Judicial con el fin de que sea indulgente con los presuntos casos de corrupción política que tienen que enjuiciarse próximamente y, en definitiva, de una miseria moral política que enmascara la realidad y, en lugar de trabajar por los intereses generales, se actúa siempre con el norte electoralista que les garantice la continuidad en el poder para los que están o la llegada al mismo para los de la oposición.

Con esta casta política que hoy nos representa se hace más real que nunca, por desgracia, la cita de Stevenson: "la política es tal vez, la única profesión para la que no se considera necesaria ninguna preparación".