El Ayuntamiento se enfrentó en 2014 a más de un centenar de procedimientos judiciales

El Ayuntamiento de Salamanca se vio inmerso el pasado año en 130 procedimientos judiciales, y obtuvo sentencias favorables en más de la mitad de ellos, concretamente en 78. La jurisdicción con más carga de trabajo fue la contencioso administrativa, con 107 procedimientos. En 59 de ellos los jueces dieron la razón al Consistorio.

Los tribunales despacharon, entre otros asuntos, reclamaciones contra sanciones urbanísticas, resoluciones sancionadoras de tráfico o peticiones de indemnización por caídas en la vía pública. Asimismo, cinco de las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Supremo, con dos resoluciones favorables para la corporación municipal.

A su vez, en materia penal, el Ayuntamiento obtuvo veredictos favorables en los 15 procedimientos penales en que estuvo personado. Los más repetidos fueros los relacionados con los delitos contra la seguridad vial, así como los hurtos y las lesiones. Estos últimos en su mayoría se tramitaron como faltas.

Por otra parte, en cuatro de las causas se cursaron denuncias contra agentes de la autoridad que acabaron en resoluciones favorables para el Consistorio. Asimismo, uno de los procedimientos comenzó a raíz de una denuncia interpuesta contra el Servicio de Extinción de Incendios. Finalmente, la justicia exoneró de culpa al ente municipal.

A su vez, el Ayuntamiento figura como perjudicado en dos procedimientos, dirimidos en el Juzgado de Menores y que concluyeron con sentencias favorables para el Consistorio.

En lo que respecta a la jurisdicción civil, la justicia abrió diligencias en cuatro ocasiones. Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento en tres procedimientos. En uno de ellos se resolvió un recurso de apelación sobre una cuestión referente a un informe de la Administración consursal, y en los dos restantes se dirimieron reclamaciones por daños. La única demanda que perdió hacía referencia a una reclamación de una Comunidad de vecinos por el impago de unas cuotas. El Consistorio corrió con las costas procesales.

La jurisdicción social fue la menos ajetreada en cuanto a tramitación de demandas, ya que solo dictó una sentencia, favorable para el Ayuntamiento. La resolución partía de una reclamación realizada por un funcionario en relación con la conciliación familiar y laboral.