Podemos propone en las Cortes una Ley de Cuentas Abiertas

Pablo Fernández, Carlos Chávez e Isabel Muñoz, procuradores de Podemos, han presentado en las Cortes de Castilla y León una propuesta de Ley de Cuentas Abiertas que facilitará a los ciudadanos toda la información sobre los ingresos y gastos, euro a euro, de cada institución pública, de la misma forma que se pueden consultar los movimientos de una cuenta corriente bancaria y con todas las cautelas que recoge la Ley de Protección de Datos.

Los procuradores de Podemos han manifestado que lo único que se necesita es "voluntad política" y no entenderían que el resto de fuerzas políticas rechazasen la propuesta ya que el coste de implementar en internet una herramienta así "es prácticamente cero" y respondería a un grado de transparencia muy elevado "que es lo que la sociedad demanda", además de mejorar notablemente la lucha contra la corrupción.

Pablo Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, ha incidido en que la puesta en marcha de esta norma supondría un "paso de gigante" en pro de la "transparencia" y se ha mostrado convencido de que esta norma le "encantará" al resto de grupos.

"La transparencia está en nuestro ADN y no puede esperar", ha destacado Fernández para quien "hace falta un cambio cultural para entender que toda la información que gestionan las administraciones es nuestra". "El dinero público es de todos y todas, por tanto, cada persona tiene derecho a conocer con detalle qué se ingresa y qué se extrae de cada una de las cuentas bancarias de la administración", ha concluido el portavoz de Podemos.

Ley de Cuentas

La Ley de Cuentas Abiertas se basa en el artículo 105 de la Constitución Española que asegura el derecho de los ciudadanos a acceder a la documentación de la Administración y, en menor medida, en la Ley de Transparencia estatal y de las diferentes comunidades autónomas, así como convenios europeos.

Para llevar a efecto esta iniciativa habría que crear una herramienta telemática con la que los ciudadanos tengan acceso a las partidas de ingresos y gastos de cada institución pública. El coste de su aplicación sería mínimo porque se utilizaría la norma 43 de la Asociación Española de Banca que normaliza qué tipo de información se puede suministrar en código abierto, una operación cuyo volcado hacia el portal de transparencia sería automatizable.

La propuesta determina la obligación de publicar qué tipo de cuentas hay, el CIF, cuáles son las entidades bancarias y sucursales con las que se trabaja, así como el detalle de todos los movimientos. Sobre la información que se incluiría en la Ley, figuran las cuentas bancarias de la administración autonómica y de las personas jurídicas, entidades de derecho privado o público, con los límites que establece la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y por otras leyes que declaren el carácter secreto de algún dato.

Complemento legislativo

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, explica que esta ley complementaría a la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. Siendo, por tanto, una propuesta que quiere corregir el retraso histórico en cuanto a transparencia que existe en el Estado español.

La ley aprobada en diciembre de 2013 y que se empezó a aplicar a nivel estatal en 2014, aún no funciona en la administración autonómica y local, pero ya ha sido puesta en entredicho por la oficina del Defensor del Pueblo, que ha dictaminado que tiene un efecto disuasorio sobre las peticiones de información, que limita o no garantiza el derecho de acceso, limita las instituciones obligadas a pasar revista y ha establecido un Consejo de Transparencia no independiente (depende directamente de Hacienda).

Objetivos que persigue

La propuesta de una Ley de Cuentas Abiertas para Castilla y León supone un "paso de gigante" para recuperar la confianza de los ciudadanos, prevenir la corrupción y que las administraciones "rindan cuentas" por su gestión. De esta forma se generan nuevos derechos que van más allá de las prácticas que cada partido establece durante su gestión de Gobierno.

Esta proposición de ley pretende perseguir los fraudes y no la publicación de nombres propios, para lo cual se asignaría un identificador a cada persona y de esa forma podría ver sus movimientos en las cuentas y detectar indicios de alguna irregularidad.

Iniciativa interautonómica

La Ley de Cuentas Abiertas es impulsada de forma coordinada por Podemos en los parlamentos de Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura, Castilla la Mancha y Castilla y León, después de que fuese presentada hace un mes en Andalucía.