Sáhara Libre

Hace 130 años se creó el Sáhara español; su origen lo encontramos en la Conferencia de Berlín de 1884, que posteriormente se tradujo en la Real Orden de Alfonso XII mediante la cual se declaraba el Protectorado de España en el Sáhara.

Las relaciones entre España y las tribus saharauis fueron cordiales, de hecho se firmaron pactos entre representantes españoles y los jefes tribales. Cabe destacar que la soberanía española en el territorio saharaui hasta 1886 era aproximadamente de 700.000 kilómetros cuadrados, con el acuerdo explícito de las gentes del desierto. Pero finalmente la superficie que se incorporó a España rondó los 270.000 kilómetros cuadrados.

El rechazo a la anexión de una extensión tan grande reside en que el gobierno español de esa época quería evitar conflictos con los franceses, que también tenían numerosos intereses en el norte de África, y por el expreso deseo abandonista del entonces presidente Práxedes Mateo Sagasta (perteneciente al Partido Liberal, progresista y destacado masón).

Cabe recordar lo unido que llegó a estar el Sáhara como provincia española; los allí nacidos tenían su propio DNI, pasaporte español y libro de familia; de hecho, hasta el sistema de matriculación de vehículos seguía las mismas pautas y cuya matrícula provincial era "SH".

Es en 1956 (tan tardíamente) cuando se crea el Estado de Marruecos, que reclama el Sáhara español; esto desemboca en el enfrentamiento armado entre España y la recién creada nación marroquí. Fue la llamada Guerra de Ifni que duró seis meses.

En 1975 España se comprometió con la nación saharaui a que realizara un referéndum de autodeterminación, pero eso nunca ha llegado todavía a suceder, ya que Marruecos organizó la "Marcha Verde" con 350.000 marroquíes, los cuales junto con 25.000 militares invadieron la zona. Finalmente se firmaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, en los que se abandonó a su suerte a las gentes del Sáhara, que en gran parte se vieron obligados al éxodo en los campos de refugiados de la vecina Argelia y los que han querido resistir en la tierra de sus ancestros han creado la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que forma parte de la Unión Africana como miembro de pleno derecho.

Tras ello el Gobierno de Rabat ha instalado en la zona, a lo largo de los años, a miles de colonos para así inclinar la votación a su favor en un futuro referéndum junto con la construcción de 2.720 kilómetros de muro y la aberrante colocación de campos de minas para impedir la vuelta de los refugiados a su tierra natal.

En este conflicto los luchadores bereberes del Sáhara han sufrido constantes invasiones por parte del ejército marroquí, en alguna ocasión apoyado por la aviación francesa, además de continuas persecuciones, encarcelamientos, torturas y en algunos casos desapariciones.

Jurídicamente y en el plano internacional la ONU en su Resolución 1514 reconoce al pueblo saharaui su derecho de autodeterminación y a la independencia, al igual que lo hizo el Tribunal Permanente de los Pueblos. Hay también sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que establece cómo Marruecos y Mauritania no tienen pretensiones legítimas sobre el Sáhara, ya que las tribus saharauis nunca fueron vasallas del jalifa marroquí.

Otro dictamen, a petición del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Asesoría Jurídica de las Naciones Unidas señala cómo Marruecos no puede ser potencia administradora de este territorio y que los Acuerdos Tripartitos de Madrid no tienen validez. Además el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y la Organización de Países No alineados reconocen la autodeterminación del Pueblo Saharaui.

La situación en el Sáhara y en los campos de refugiados es dramática; debemos ser solidarios, ayudarles en sus necesidades y fomentar su desarrollo. España tiene una deuda pendiente con los legítimos derechos de los saharauis y su bienestar. La ONU, a su vez, debe hacer efectiva la celebración del referéndum tal y como refleja en su propia Resolución 690/1991; y Marruecos, por su parte, tiene la obligación de facilitarlo, cumplir el Plan de Paz de las Naciones Unidas y respetar los Derechos Fundamentales.