La Ley de Seguridad Ciudadana y las expulsiones en caliente en Epaña. Una ley y unas prácticas...

Guillermo Castán. Activista de Amnistía Internacional

Recientemente varios comités de Derechos Humanos de la ONU han vuelto a advertir al Gobierno español sobre las "expulsiones en caliente" de personas inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, práctica que se ha querido legalizar mediante una enmienda en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

Concretamente, el Comité de la ONU contra la Tortura manifiesta estar seriamente preocupado por las devoluciones sumarias, que se hacen sin una evaluación previa del riesgo de retorno e impide el acceso a los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado.

El Comité critica que una de las disposiciones finales de la Ley de Seguridad Ciudadana, adoptada en marzo, haya supuesto una enmienda de la Ley de Extranjería para crear la nueva figura jurídica de rechazo en frontera.

Por ello, ha pedido a España que "revise la legislación en materia de inmigración y asilo" para garantizar el respeto incondicional del derecho de no devolución, conforme al artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Ese apartado establece: "Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura".

Amnistía Internacional lleva años denunciando la persistencia de este tipo de expulsiones por parte de las autoridades españolas, prohibidas por el Protocolo VI del Convenio Europeo de Derechos Humanos, contrarias a la Convención de Ginebra del Estatuto de Refugiados y a la actual ley de Extranjería, al privar a las personas migrantes de un proceso de garantías para pedir protección internacional.

Las expulsiones sumarias están prohibidas en el derecho internacional. Sus consecuencias pueden ser terribles para los derechos humanos puesto que exponen a las personas que intentan entrar en España a ser perseguidas y torturadas, e incluso pueden poner en peligro su vida tanto en los países de origen como de tránsito, como es el caso de Marruecos.

Ninguna modificación legal eliminará la responsabilidad de España ante lo que pueda suceder a las personas expulsadas de manera sumaria, ni la que se derive del incumplimiento de la legislación internacional y europea.

También la Comisión Europea y el Consejo de Europa se han dirigido al Gobierno español sobre las expulsiones masivas y malos tratos a inmigrantes en Melilla, recordándole que la vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas.

A pesar de las muertes en el Mediterráneo, en la Frontera Sur (Ceuta y Melilla) o en la frontera de Grecia y Turquía, los Estados europeos no parecen dispuestos a cambiar sus políticas. Por el momento, y tras las escandalosas muertes en el mar que no dejan de golpear la conciencia de las personas decentes, la Comisión Europea y el Parlamento europeo se han visto en la tesitura de aumentar las operaciones de salvamento y rescate, aunque de manera muy insuficiente, y siguen aportando muchos más medios materiales a fortificar las fronteras, planteándose incluso acciones militares en aguas internacionales y hasta en países como Libia, que la propia Europa contribuyó decisivamente a desarticular como estado. Y no se ponen de acuerdo en la cuestión fundamental de abrir canales legales de entrada para evitar que las personas tengan que acudir a rutas peligrosas de entrada que ponen en riesgo su vida.

El año pasado al menos 3.500 personas perdieron su vida en el Mediterráneo, la ruta migratoria más peligrosa y letal del mundo. En lo que va de año esta cifra se ha incrementado considerablemente. Esta tragedia era previsible y se puede evitar.

En estos días el debate está sobre la mesa, y la opinión pública exige a las autoridades europeas y nacionales que se tomen medidas acordes con el espíritu y los valores que decimos defender. Queremos que nuestras autoridades se unan a los ciudadanos decentes.

Por ello AI invita a la ciudadanía a defender los derechos humanos mediante una estrategia de incidencia, movilización e investigación, para tratar de influir en el proceso de revisión de estas normas a nivel europeo.