El espíritu de las leyes

De nuevo el Poder Judicial, en esta ocasión la Sala Tercera del Tribunal Supremo, le da un tirón de orejas al Ejecutivo. En esta ocasión se trata de la necesidad de modificar cuatro artículos del Reglamento de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES), de manera que se adapten a lo establecido por una Directiva Europea aprobada en 2008 y rubricada por el Gobierno de España. Esta nueva amonestación es fruto de un recurso presentado por varias organizaciones y asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y, afortunadamente, ha prosperado.

Entre otra cuestiones, se trata del respeto a ciertos derechos a la intimidad de las familias internadas en los CIES "Se procurará que los internos que formen una unidad familiar estén juntos y tengan en su compañía a sus hijos menores, facilitándoles, en la medida de lo posible, alojamiento separado que garantice un adecuado grado de intimidad". Los registros, incluyendo el desnudo integral, deberán hacerse respetando la dignidad de las personas y sólo en casos excepcionales y debidamente justificados. Estos son algunos temas que quebrantaban lo establecido por la Ley de Extranjería que, como el propio término "Ley" indica, es una norma de rango superior, y por tanto, competencia de las autoridades judiciales nunca de los gestores de los Centro de Internamiento encargados de aplican el Reglamento. Las relaciones entre los 3 poderes del Estado nunca han sido fáciles y así debe ser para tranquilidad de todos.

Fue el mismísimo Barón de Montesquieu, el visionario filósofo y relevante ensayista de la Ilustración nacido cerca de Burdeos, quien formuló la teoría de la separación de poderes[1] cuyo contenido hoy en día forma parte de muchas constituciones en todo el mundo, incluida la nuestra. Se trata de que los distintos poderes de los Estados ? legislativo, ejecutivo y judicial ? no recaigan en las mismas "manos" y que cada uno sirva para contrarrestar a los otro, evitando así, una posible situación de dominio. Eso es lo que permite al Poder Judicial, en el caso que nos ocupa, decirle al Poder Ejecutivo que no está bien lo que quería hacer.

Por fortuna, Montesquieu no ha muerto, como dicen que afirmó Alfonso Guerra en 1985 (aunque él en su libro de Memorias publicado por Espasa-Calpe sostiene que esas palabras nunca salieron de su boca) pues como por experiencia sabemos las constante intromisiones del poder ejecutivo en las competencias de los demás poderes conduce siempre a la tiranía. Y es que tan perversa es la politización de la Justicia como la judicialización de la Política.

Las leyes no son otra cosa que preceptos consensuados, en consonancia con la justicia, dictados por las autoridades competentes y que persiguen lograr un bien para la sociedad en su conjunto y por ello deben ser, y hecho son, propiedad de los ciudadanos. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley; debe ser ley porque es justa, afirmaba el buen Barón, y advertía: No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.

No será el último encontronazo entre los poderes del Estado, lo que debiera ser una práctica sana, y menos en este apasionante año en que de nuevo estamos en campaña electoral, aunque habría que preguntarse si en algún momento hemos salido de ella en la última década. Es momento de que los políticos perfilen sus estrategias, tanteen posibles alianzas y vayan dando forma a sus programas. Confiemos que lo hagan pensando en los ciudadanos, en todos los ciudadanos, incluso en los extranjeros, y no en sus partidos y sus personas, si no lo hacen será acertada la afirmación del propio Barón: Los intereses particulares hacen olvidar fácilmente los públicos. Y de eso ya hemos visto demasiado, de esas prácticas ya estamos cansados.