La agricultura y la ganadería de Castilla y León siguen perdiendo profesionales

El sector agroganadero de Castilla y León sigue perdiendo profesionales en una de las actividades más importantes para la economía regional. Entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 se han perdido 101 cotizantes a la Seguridad Social, pasando de 41.941 a 41.840, según datos de la Unión de Asociaciones de Autónomos y Emprendedores (UATAE). La falta del suficiente relevo generacional en el campo es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta un sector envejecido, porque las incorporaciones no equilibran las bajas que se producen por jubilación.

León, Zamora y Burgos son las tres provincias que más cotizantes pierden en este apartado con 107, 69 y 40 respectivamente, mientras que Soria, Segovia y Valladolid son las que más ganan con 50, 45 y 34 respectivamente. Salamanca pierte 14 y se sitúa con 5.566 agricultores y ganaderos.

Según José Ignacio Falces, secretario general de UATAE en Castilla y León "el sector primario ha vivido en las últimas décadas una importante crisis silenciosa, con la desaparición de un considerable número de explotaciones en algunos casos por jubilación, sin que se haya producido un adecuado relevo generacional. Este año los índices de caídas se han atemperado en relación a periodos anteriores, pero la bajada ha continuado".

Para Falces, "el sector agrícola y ganadero necesita medidas reales que frenen esa sangría, siendo especialmente importante controlar las subidas desproporcionadas en determinados factores de producción básicos en el campo, como gasóleo, abonos, piensos y electricidad. Por otra parte están también los abusivos márgenes comerciales existentes entre los precios en origen y en destino, consecuencia en muchos casos de un mercado cautivo por las grandes cadenas de distribución, que se permiten lanzar "campañas a perdidas", utilizando determinados productos agrícolas como reclamo para el consumidor, práctica que las Administraciones Públicas tienen que tratar de frenar".

Desde UATAE lamentan que en la aplicación de la PAC no se haya avanzado en la definición clara de "agricultor activo" y se haya dejado abierta la puerta a aquellos que no lo son y puedan justificar "el riesgo empresarial" para poder cobrar esas ayudas.