Reclaman a la Junta una solución para cerca de 15.000 tractores pendientes de la ITV

Cerca de 300 agricultores procedentes de distintas provincias de Castilla y León -según los convocantes- han participado en la manifestación convocada este lunes en Valladolid por Asaja para protestar contra el consejero de Economía y Hacienda, Tomás Villanueva, por la "incapacidad" de su departamento de hallar una solución para el problema de las ITV, que mantiene en el limbo a varios miles de tractores de Castilla y León.

El recorrido del séquito de SSMM los Reyes Magos de Asaja, precedido por tres tractores y acompañado por pajes, agricultores y ganaderos de toda la Comunidad Autónoma, comenzó a las 12 horas en la plaza de Zorrilla de la capital pucelana, para seguir por la calle María de Molina, Doctrinos, Avda. José Luis Arrese, Joaquín Velasco Martín y Francisco Scrimieri, hasta llegar a las puertas de la consejería de Hacienda.

Al frente de la protesta, los responsables de esta organización en la Comunidad y en las diferentes provincias mostraban una pancarta con el mensaje: "ITV por seguridad, no por fastidiar". Una vez junto a las puertas de la Consejería, se arrojó un cargamento de carbón, y en el interior del edificio, el 'séquito real' hizo entrega en el Registro de una cesta de Navidad repleta de carbón, acompañada por una carta dirigida al consejero con las reclamaciones de esta organización profesional agraria.

Con este acto, Asaja quiere denunciar que, "tras un año de espera, la Administración no se haya esforzado en encontrar una solución para el grave problema al que se enfrentan miles de tractores en la Comunidad Autónoma", cuyo permiso de circulación depende de que en las ITV les den paso según cómo se interprete una controvertida normativa nacional, que además "no se está aplicando en otras comunidades autónomas".

El presidente de Asaja de Castilla y León ha subrayado que el tema de las ITV a los tractores "es una cacicada más a la que los agricultores estamos por desgracia acostumbrados, porque nos empapelan continuamente con tasas y requisitos absurdos", y ha apelado al consejero de Economía a que "la Administración recule en este tema y no se obceque en que se cumpla un requisito que no aporta nada más que más burocracia, más papeles y más coste económico para los agricultores"

Viceconsejera de Política Económica

Por su parte, la viceconsejera de Política Económica, Empresa y empleo, Begoña Hernández, apeló a la responsabilidad de las organizaciones agrarias y particulares para que se cumpla la normativa en beneficio de la seguridad de los profesionales.

En un comunicado, Begoña Hernández, sostiene que respeta las manifestaciones de los agricultores, incluida la singular cabalgata protagonizada este lunes por Asaja, y añade que a lo largo del último año la Junta de Castilla y León ha venido trabajando para dar solución a un tema que califica de "interés general" , porque en opinión de la viceconsejera, "estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la vida y con la seguridad de las personas que desarrollan su actividad profesional en el sector agrario y con un tema que está vinculado a una serie de normativas, instrucciones estatales que son en este momento de obligado cumplimiento", aunque matizó que "seguimos tendiendo la mano al sector para continuar hablando".

Asimismo, recordó que la Junta de Castilla y León Castilla y León dio un año de moratoria a la entrada en vigor de la normativa, "año durante el cual hemos mantenido contactos con los diferentes ministerios", y añadió que " me consta que lo han hecho las propias asociaciones también para en ese mismo sentido trabajar en esa posible modificación".

A día de hoy los criterios fijados por los ministerios competentes, tanto el de Agricultura como el de Industria "se siguen manteniendo en estos términos, y después del año de moratoria en el que se conocía perfectamente la situación y en el que más del 25% ya del parque de tractores se ha adaptado a estas nuevas circunstancias, yo creo que aparte de tender la mano, y continuar hablando, y viendo todas las posibilidades con los ministerios y el propio sector, también llamar a la responsabilidad de las asociaciones y de los propios particulares, porque estamos hablando de una cuestión que afecta a la seguridad de las personas, y por lo tanto al riesgo de la actividad profesional de sus propias vidas. Y esa va a ser, desde luego, nuestra prioridad fundamental dentro de una normativa que es de obligado cumplimiento".