Vigencia de los derechos humanos en España

La Constitución española y el ordenamiento legal vigente se inspiran en el respeto a los Derechos Humanos (DDHH). Este es un principio rector inequívoco también para la práctica política y administrativa y para la vida ciudadana, que no puede verse constreñida en el ejercicio de sus derechos por decisiones arbitrarias del poder. Además, las leyes y los tratados internacionales suscritos por España nos obligan a su riguroso respeto.

Pues bien, en nuestro país estos derechos se respetan razonablemente y los tribunales reponen los conculcados por órganos de poder o decisiones administrativas. Pero subsisten cuestiones que preocupan especialmente a las organizaciones defensoras de los DDHH y que, en algunos casos, han llevado a censuras de organismos internacionales y condenas del tribunal de Estrasburgo al gobierno español.

Entre los asuntos más preocupantes, Amnistía Internacional (AI) ha señalado en el último año: La sanidad, por las restricciones que impone la reforma de 2012; la cuestión de la jurisdicción universal y de las víctimas del franquismo y de la guerra civil, todavía pendiente de solución; la tortura y la violencia policial indiscriminada contra los ciudadanos que, aunque no es habitual en nuestro país, provoca denuncias, también en Salamanca, y condenas judiciales en España y en Estrasburgo. Los actuales proyectos de ley de Seguridad Ciudadana y de reforma del Código Penal son objeto de honda preocupación por contener disposiciones que chocan directamente con los estándares europeos de DDHH; o la situación de los inmigrantes sin papeles y el tratamiento que se les da. Por último, citaremos los retrocesos que se han producido en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es bueno recordar que los organismos internacionales han resaltado que los derechos humanos no pueden ser abandonados por presiones fiscales.

Por todo ello, la Asamblea anual del Grupo local de AI, celebrada el pasado fin de semana, ha reafirmado su compromiso con la defensa de los DDHH y, en nombre de sus casi 500 socios, hace un llamamiento a los ciudadanos y autoridades salmantinas a colaborar en la solución de estos problemas, que serán objeto de nuestra atención en el año próximo.