¿Vale algo una declaración institucional?

Cuando acontece una crisis como la que padecemos desde hace seis años hay actores sociales que tienen el deber insoslayable de pronunciarse. Cuanto más es su jerarquía como depositarios de un legado simbólico más imperioso es hacer sentir su voz. La Universidad española ha sido frecuentemente renuente a la hora de hacerlo. Ensimismada en su quehacer burocrático diario, entrampada por una supuesta necesidad de equilibrio garante del pluralismo y ciega por la obsesiva búsqueda de la neutralidad, la Universidad tiende a callar y solamente deja a sus miembros que se expresen individualmente. En los últimos veinte años apenas si me viene a la memoria un único acto unísono de denuncia de una tropelía como fue ante la funesta guerra de Irak.

Hoy, el silencio se hace insoportable o, si se rompe, el eco de sus palabras es tan mortecino que apenas si llega a alguien. Mi Universidad, a través de su órgano representativo por excelencia como es el Claustro, hace dos años discutió y aprobó por una inmensa mayoría una declaración institucional que fue ninguneada por los medios de comunicación e incluso opacado su impacto en la propia comunidad universitaria donde una vez aprobada se pasó a otra cosa porque la tarea estaba hecha. Por eso que el Rector volviera a recordar en el último Claustro los dos últimos puntos de aquella declaración es un acto necesario que no puede quedar solo en palabras. Dicen lo siguiente:

"La Constitución española de 1978 es el instrumento que ha permitido casi siete lustros de convivencia, progreso y relativa paz (inigualable en términos históricos precedentes). El respeto y lealtad a la misma es garantía de la vigencia del Estado de derecho que es el marco referencial de toda convivencia civilizada. Cualquier iniciativa de superación y mejora del actual del modelo de organización política y/o territorial debe plantearse de conformidad con los mecanismos previstos en la norma fundamental, sin excluir la posibilidad de reformar el Titulo VIII tras el correspondiente periodo constituyente que aborde esta y otras cuestiones cuya reforma es cada día más inaplazable".

"Los valores cívicos de la igualdad, el respeto a las opiniones del otro, la solidaridad, el consenso, deben prevalecer en el marco de una convivencia que respeta identidades propias y matices culturales diferentes y en el que el acervo común, que data de siglos, es mayor tanto cualitativa como cuantitativamente que los hechos diferenciales".