JULIO FERNÁNDEZ / Profesor de la Usal
Eran las consecuencias de un Estado Liberal que se desentendía de los problemas de los ciudadanos. Por entonces, Azaña ya definía a España como "una sociedad analfabeta, atrasada, dormida, sentada a la vera de los caminos de la historia". Unamuno, Ortega o Machado (por citar algunos ejemplos de intelectuales de la época) se lamentaban profundamente de la parálisis española. El caciquismo, los terratenientes, la pobreza, el hambre, el analfabetismo de las clases más desfavorecidas, la lucha política entre liberales y conservadores o la postración en la que estaba sumida la Corona, constituían la seña de identidad de nuestro país.
Con el advenimiento del Estado Social, fundamentalmente a partir de la entrada en vigor de nuestra Carta Magna, se implantó un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, con el fin de que los poderes públicos mantengan un régimen público de seguridad social, de asistencia sanitaria universal, de pensiones de jubilación, de prestaciones por desempleo, de, en definitiva, un sistema que garantice los principios rectores de una política social y económica que controle y corrija los desequilibrios sociales.
En los últimos tiempos, la deriva neoliberal a la que nos están sometiendo los distintos Gobiernos, sobre todo desde la reforma del artículo 135 de la Constitución y la obsesión por el déficit cero, siguen siendo las clases populares las que sufren las consecuencias del recorte en el gasto público, fundamentalmente en políticas sociales. Por eso son tan nocivas las conductas referidas al fraude fiscal, evasión de capitales, cuentas corrientes en paraísos fiscales y otras relativas a la corrupción política y económica que, por desgracia, tanto afloran en nuestros tiempos y en nuestra sociedad española.
Por eso es tan importante que desde el poder político se pergeñen iniciativas de todo tipo (legislativas, administrativas, policiales y judiciales) para reorientar y salvaguardar el Estado Social que tanto ha costado construir. Entre ellas, las de apartar del tráfico político y económico a los corruptos y perseguir penalmente con mayor firmeza ese tipo de conductas, en lugar de incrementar las penas para otras que son de pura bagatela y cometidas por los que no tienen hogar, ni patria, ni familia y que sólo las realizan por absoluta necesidad. Sabemos, y no es la primera vez que lo digo, que la mejor política criminal es una buena política social.
Es la mejor defensa que se puede hacer por los ciudadanos. De lo contrario, el Estado Social entrará en crisis y la historia podría devolvernos a aquélla sociedad española de hace cien años.