Recuperar la universalidad de la sanidad pública
El Real Decreto Ley 16/2012 que implantó el Gobierno del partido popular, suprimió el modelo sanitario de cobertura universal, estableciendo que solo los trabajadores que coticen y sus beneficiarios tendrán derecho a la asistencia sanitaria, quedando varios colectivos excluidos y creando graves problemas de salud y desigualdad.
Organismos internacionales como el Comité del Consejo de Europa, El Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, La Comisión de derechos humanos y otras muchas, han elaborado informes para que el gobierno español corrija las reformas y políticas sanitarias implantadas que vulneran el derecho y acceso a la sanidad pública española. Informes de Médicos en el Mundo contabilizaron más de 1.192 casos de personas que no pudieron recibir atención sanitaria por no tener la documentación adecuada. Muchos ciudadanos se han quedado sin trabajo y sin tarjeta sanitaria haciendo que sus problemas de salud no puedan ser abordados por la atención primaria, terminando en muy malas condiciones en los servicios de urgencias, colapsando estos servicios y llegando a situaciones de espera insostenibles. Resulta sorprendente que se tomen estas medidas de ahorro, cuando de todos es conocido que la atención de urgencias es más costosa que la atención primaria.
El deterioro sanitario es una evidencia, se están reduciendo prestaciones sanitarias, recortando material, personal sanitario, prestaciones que antes eran gratuitas y que ya pagábamos, a través de los impuestos por el principio de progresividad fiscal. Personas con pensiones muy bajas, otras con enfermedades crónicas, han tenido que suspender sus tratamientos. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública apuntaba que un 17% de los pensionistas que con la nueva reforma sanitaria deben abonar el 10% de lo que cuestan las medicinas, no han podido completar su tratamiento por el nuevo sistema de copago.
Todos estos datos ponen los pelos de punta y cuesta entender que la Ley General de Sanidad de 1986 aprobada por el gobierno socialista siendo ministro Ernest Lluch haya sido vulnerada de esta forma tan inhumana.
Recuperar la universalidad de las asistencia sanitaria debe ser una prioridad, por ello, bienvenido sean las iniciativas parlamentarias que va a presentar el partido socialista en todas las CC.AA para que se garantice este derecho como así ocurre en las comunidades de Andalucía y Asturias.
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