La Ley de Seguridad Ciudadana es necesaria tal y como demuestran los lamentables hechos que se están produciendo últimamente tras las marchas y manifestaciones. La prueba de ello es el final del 22-M, en el que la propia Policía ha destacado el "especial salvajismo de los ataques" por parte de grupos de extrema izquierda.
Fueron heridos brutalmente 67 policías a causa del lanzamiento de adoquines, botellas, piedras, bengalas? Un agente sufrió cuatro puñaladas y salvó la vida por el chaleco de seguridad, otro cayó desplomado y tuvo que ser llevado al hospital para suturarle la cabeza con catorce grapas. El testimonio de un sanitario recoge cómo estos violentos, mientras él socorría a los miembros de la UIP heridos, les gritaban al Samur: "Dejadlos morir". Uno de los detenidos comentó a sus acompañantes: "Voy de subidón. Le tiré una piedra en la cabeza, cuando estaba en el suelo. Mañana lo veréis en las noticias, quedó inconsciente y se lo tuvieron que llevar arrastrao". Por estos motivos es inadmisible que los organizadores del 22-M y su comisión jurídica exijan su puesta en libertad ya que de esta manera estarían avalando la violencia y la comisión de delitos o faltas. Se suma, además, la salvaje destrucción del mobiliario urbano por parte de esos delincuentes que se tapaban el rostro para hacer el mal con impunidad.
La huelga de Educación deja también graves incidentes ocasionados por los radicales antisistema que en distintos puntos de la geografía española han dejado su huella destructiva, de especial virulencia ha sido lo acaecido en Madrid donde construyeron barricadas y las prendieron fuego, quemaron contenedores, amenazaron a personal administrativo, profesores y estudiantes, a los cuales una veintena de encapuchados les dijeron: "Pim, pam, pum? os vamos a matar". En la Complutense, otro grupo de 40 se abalanzaron sobre 6 agentes al grito de: "Vamos a matarlos, que son pocos".
El Gobierno con esta ley mejora la seguridad, blinda los derechos básicos y garantiza las libertades. La proporcionalidad está presente al tipificar como delito los hechos más graves y como sanciones administrativas las faltas leves. Se establecen garantías para que los perjuicios y daños en la vía pública deban ser sufragados por los convocantes de estas manifestaciones y no por el conjunto de los españoles. A su vez los padres serán responsables de los daños producidos por los hijos menores a su cargo.
Un país democrático y de derecho no puede permitir que se ponga en riesgo la vida y la salud de sus ciudadanos, tampoco puede suceder que las Unidades de Intervención Policial, ejerciendo su labor pública, sean atacados y gravemente heridos. En este sentido es relevante la medida adoptada por el Partido Popular, que presentará mociones en todos los ayuntamientos españoles, para que el resto de partidos políticos rechacen y condenen los actos violentos sin paliativos, a lo que se une el traslado de un reconocimiento a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los servicios de emergencia que han intervenido en los disturbios de Madrid.
Esta ley es importante, ya que define el concepto de Seguridad según el Convenio de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, garantiza el derecho de manifestación, sanciona la incitación al odio y al terrorismo, la utilización de armas, la perturbación de la seguridad ciudadana, la participación en alteraciones públicas, causar desórdenes y destrozos, el ultraje a los símbolos como la bandera e himno de España, de las Comunidades Autónomas o de las instituciones. Asimismo, deberá ser totalmente acorde con las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial.
Se demuestra así que la Ley de Seguridad Ciudadana lo que busca es el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que recogen las leyes y nuestra Constitución, preceptos que todos los demócratas debemos defender.
