En Europa, las aventuras extraconyugales de los políticos y cualquier otro escarceo sexual, por sórdido que sea, siempre han quedado reducidos al ámbito de lo privado, al contrario que en Estados Unidos, donde secretas infidelidades han acabado con las aspiraciones presidenciales de muchos candidatos, desde Gary Hart a James Edwards.
Ambos mundos contrapuestos entraron en colisión cuando el affaire de Strauss-Kahn con una camarera en Nueva York y, al margen del arreglo extrajudicial entre ambos, liquidó la carrera del socialista francés y abrió la veda contra los políticos europeos. De aquellos polvos vienen ahora los lodos del escándalo de François Hollande por sus encuentros con Julie Gayet.
De España, qué les voy a decir. Lo que pasaba en las alcobas de los políticos ha sido, hasta hace poco, como un secreto de confesionario: se sabía, pero no se decía. Semanas antes de conocerse la relación del entonces vicepresidente Miguel Boyer con Isabel Presley, el ministro Fernando Morán me llamó indignado a El Periódico de Catalunya, que entonces yo dirigía: "¿Cómo se atreve a pedirme una entrevista para su diario cuando se meten en él con un compañero mío de Gabinete?". Todo, porque el columnista Pedro Rodríguez, sin citar nombres, simplemente insinuaba en un artículo la historia de amor de un ministro y una conocida dama de la sociedad madrileña.
Ya ven cómo han cambiado los tiempos. Pero la pregunta sigue abierta: ¿la vida sexual de los políticos pertenece al ámbito privado o debe ser conocida por los ciudadanos?
Recientes noticias en España sobre la conducta de las primeras autoridades del Estado han agigantado el debate. Y no digamos nada si se trata de cargos públicos elegidos por los ciudadanos: ¿deben conocer éstos sus comportamientos privados?, ¿resultan relevantes a la hora de concederles nuestro voto y la consiguiente representación pública?
El debate, por muy permisiva que sea nuestra sociedad, todavía no ha concluido.