Stop Uranio denuncia al Ayuntamiento de Retortillo por no notificarle la concesión de la licencia...
Stop Uranio lleva años luchando contra a la implantación de la mina de uranio en la zona. Foto de archivo
Argumenta que la Ley "obliga a notificar en el plazo de diez días las resoluciones a los interesados, cuyos derechos e intereses puedan verse afectados"
La plataforma Stop Uranio ha denunciado en el Juzgado de Ciudad Rodrigo (Salamanca) a los responsables municipales del Ayuntamiento de Retortillo, tanto al alcalde como a la secretaria-interventora, por "prevaricación" al no notificarle la concesión de la Licencia Urbanística parcial a la empresa Berkeley Minera España S.L.
Así lo ha señalado esta organización, contraria a la implantación de la mina de uranio en la zona, que ha explicado que la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas "obliga a notificar en el plazo de diez días las resoluciones a los interesados, cuyos derechos e intereses puedan verse afectados por dicha resolución, para que puedan interponer los recursos que procedan en vía administrativa o judicial".
A este respecto, ha señalado que Stop Uranio tiene esa condición de interesado "según reconoció el propio ayuntamiento de Retortillo en la contestación a un requerimiento" de la plataforma el año pasado.
En concreto, ha indicado que "a principios del mes de agosto se publicó en diversos medios de comunicación que Retortillo había otorgado una licencia urbanística a Berkeley", por lo que solicitó que se le diera traslado de la misma "sin obtener respuesta por parte de ese ayuntamiento".
Más tarde, según su información remitida, los abogados de la plataforma hicieron un requerimiento a los responsables municipales para "recordarles la obligación legal de comunicar a la plataforma Stop Uranio la resolución por la que se concede licencia urbanística parcial", pero el ayuntamiento "no se dio por aludido".
La plataforma ha subrayado que "el ayuntamiento de Retortillo tiene claro que Stop Uranio va a recurrir la licencia concedida" por lo que "intenta evitar" que pueda realizar este trámite ante la justicia.
"Esta maniobra obstruccionista es contraria a las leyes que rigen las Administraciones Públicas y choca frontalmente con nuestra Constitución, en cuyo artículo 24 se garantiza la tutela judicial efectiva a las personas físicas y jurídicas", ha puntualizado.