El racismo institucional que permea las fuerzas de seguridad de ambos países no es un problema aislado ni atribuible exclusivamente a conductas individuales. Se manifiesta como una forma de violencia estructural, arraigada en
Proteger el medio ambiente es también proteger el derecho a la vida y a la salud, pilares básicos de cualquier sociedad justa. No hacerlo supone perpetuar la desigualdad y convertir la justicia climática en un privilegio.
Este cambio legal se inscribe dentro de una tendencia reciente en varios países africanos en los que crecen las legislaciones que restringen los derechos del colectivo LGTBIQ+ con la colaboración de grupos extremistas de EE.UU.
