La justicia climática no puede esperar más

Julia de Castro Revuelta

Defensora de los derechos humanos

Por primera vez en la historia, la Corte Internacional de Justicia ha concluido que los Estados tienen la obligación jurídica de cooperar y actuar para prevenir los daños climáticos. En su dictamen de julio de 2025, Naciones Unidas afirmó que los países que no reduzcan sus emisiones, no frenen el aumento global de las temperaturas, ni protejan a la ciudadanía de las consecuencias de los desastres climáticos, estarán violando el derecho internacional. A pesar de ser un fallo no vinculante, marca un antes y un después en la defensa global de los derechos humanos y de la justicia climática.

Todas estas obligaciones legales no son meras recomendaciones, pues tienen su razón de ser en un derecho humano fundamental, recogido por la ONU, que garantiza el derecho de todas las personas a disfrutar de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Sin embargo, hoy en día es un derecho que no podemos asegurar a las generaciones futuras. Proteger el medio ambiente es también proteger el derecho a la vida y a la salud, pilares básicos de cualquier sociedad justa.

Mientras somos espectadores de cómo el cambio climático arrasa cada vez con mayor violencia nuestro planeta, a través de inundaciones, sequías extremas, huracanes, incendios forestales, pérdida de biodiversidad, olas de calor, migraciones climáticas o cosechas destruidas, seguimos encontrando negacionistas. Y es que Trump parece que se ha reído de las víctimas de todos estos fenómenos al calificar el cambio climático como «la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo». Una vez más, Estados Unidos, en vez de posicionarse del lado de los derechos humanos, prioriza su crecimiento económico. A su vez, China, como candidata de las nuevas potencias mundiales, avanza con su transición energética, convirtiéndose en líder de las energías limpias y renovables.

Los datos son irrefutables. Según la Agencia Europea de Medioambiente, los fenómenos meteorológicos extremos causaron pérdidas económicas estimadas en 738.000 millones de euros entre 1980 y 2023 en la Unión Europea. Los análisis estadísticos revelan que las pérdidas económicas han aumentado con el tiempo y que los últimos tres años están entre los cinco de mayores pérdidas anuales registradas. Del mismo modo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informó que, en 2024, Estados Unidos sufrió veintisiete desastres climáticos con pérdidas superiores a mil millones de dólares cada uno, además de la muerte de 568 personas. Las cifras desmontan el discurso negacionista, las fuerzas de la naturaleza no entienden de ideologías.

Desde Amnistía Internacional se denuncia que esta crisis no es solo ambiental, sino que es una forma más de injusticia pues las personas que más sufren las consecuencias son las vulnerables y marginadas que viven en países poco desarrollados. La Organización Mundial de la Salud advierte que el cambio climático causará 250.000 muertes anuales entre 2030 y 2050. Se reafirma que los Estados no pueden mirar hacia otro lado, la inacción de hoy está sentenciando el futuro de las generaciones próximas.

Por todo ello, es necesario lograr la justicia climática, los gobiernos deben asumir su responsabilidad impulsando de inmediato la transición hacia energías renovables y exigiendo a las empresas que se adapten a estas políticas verdes, además de ayudar económicamente a los países con menos ingresos para que puedan cumplir sus objetivos de reducción de emisiones y así evitar más desigualdades. No se puede dejar a nadie atrás.