Crímenes del franquismo: la ONU vuelve a censurar a España

Autor: Guillermo Castán Lanaspa.

El gobierno español, negándose a extraditar a diecisiete imputados franquistas que reclama Argentina, ni investiga ni deja investigar las más graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo como la tortura, el robo de bebés, y las ejecuciones extrajudiciales, conculcando con esta actitud el derecho internacional.

Así de claro lo han comunicado los responsables de los principales organismos de la ONU relacionados con los Derechos Humanos. El documento fue suscrito por Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; y Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Estos cuatro altos representantes internacionales advierten que si España no investiga los crímenes del franquismo, está obligada a extraditar a los imputados requeridos por la jueza argentina María Servini de Cubría, instructora del proceso, pues la denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad.

España sigue demostrando al mundo que no hace nada por las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, permitiendo así la impunidad y el desamparo de quienes sufrieron los peores crímenes, pues no sólo está incumpliendo sus obligaciones internacionales, sino también el Tratado bilateral de cooperación judicial con Argentina. La falta de colaboración de España no tiene excusa: los argumentos que utiliza para denegar la extradición son contrarios al derecho internacional.

Uno de los motivos por los que España rechaza la extradición es porque afirma que ya está investigando y que por lo tanto Argentina no es competente, pero Amnistía Internacional ha documentado que en realidad no se investiga en absoluto ya que todos los expedientes sin excepción han sido archivados. El gobierno también esgrime que los delitos han prescrito y que, en todo caso, han sido amnistiados en la etapa de la Transición de la dictadura franquista a la democracia.

Pero los expertos independientes recalcan que estos argumentos carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos. "En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos", señalaron, ya que "la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad".

Los expertos resaltaron que el derecho internacional es muy claro señalando que los crímenes de lesa Humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles; y del mismo modo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los Derechos Humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona.

En ese sentido, Amnistía Internacional reitera lo mencionado por los organismos de Naciones Unidas que señalan que el gobierno no puede utilizar el argumento de la prescripción de los delitos para no extraditar o juzgar, ya que algunos de esos crímenes, como la tortura o la desaparición forzada, pueden constituir crímenes contra la humanidad y por lo tanto no prescribirían.

¿Qué razones puede haber para que un gobierno democrático incumpla de forma tan flagrante el derecho internacional de los Derechos Humanos? ¿Qué puede llevarle a soportar, una y otra vez, la censura de los organismos internacionales? ¿Cómo podrá el gobierno español exigir a otros gobiernos del mundo el estricto cumplimiento de las normas y principios de justicia admitidos por la comunidad internacional?