Derechos Humanos en Brasil: asesinatos e impunidad con un gobierno inane (o cómplice)

Autora: Ana Verena, activista de Amnistía Internacional.

Durante 5 años estudié Derecho en Cabula, un barrio de la metrópolis de Salvador de Bahía, Brasil. Pasando todos los días por un paisaje de contrastes en que la visión diaria era la comunidad en frente a nuestro campus. El día 6 de febrero de este año, en el mismo barrio en que las clases más estimulantes me fueron dadas, 12 personas fueron muertas por la policía y 6 fueron heridas.

La versión de la policía es que las víctimas eran personas relacionadas con una pandilla de robo a bancos, que estaba armada y que hubo un intercambio de tiros. Las evidencias y los relatos de los testigos apuntan para otra realidad. Los 12 jóvenes (entre ellos varios menores de edad) fueron ejecutados y torturados, a pesar de estar desarmados. Otro dato chocante es que solo dos, entre todos los ejecutados, tenían alguna relación con cualquier hecho delictivo anterior.

Aunque estuviesen involucrados en cualquier actividad criminal, la ley en Brasil no permite la pena de muerte, tortura o tratamiento degradante a una persona. Por desgracia, ese tipo de acción policial se repite constantemente, afectando principalmente a jóvenes negros de las periferias donde se encuentran las famosas favelas. Las prácticas de la policía permanecen como una herencia de la dictadura militar y las voces que tienen menos eco son las más fácilmente silenciadas.

Ninguno de los policías fue responsabilizado por las muertes del día 6, y las investigaciones del caso caminan a pasos lentos. Las personas de la comunidad han sido amenazadas por la policía para no declarar ni comentar el caso en los medios. El día 11 de febrero hubo una manifestación generalizada en el barrio, donde convergió la participación de Amnistía Internacional, la Orden de los abogados de Brasil y del movimiento Reaja ou seja morto (Reaccione o sea muerto). Después de esa manifestación los miembros de la comunidad han sido aterrorizados y vigilados. Uno de los activistas, Enderson Araujo, tuvo que salir de la ciudad por causa de las amenazas.

En la audiencia pública acerca del caso realizada en la sede del Colegio de Abogados de Brasil el día 26 de febrero para debatir el caso, los policías fueron con pancartas y sacaban fotos de todos los presentes, intimidando a las personas y tomando nota de quienes estaban ahí. El gobernador de Bahía solamente se pronunció acerca del caso para decir que el cuerpo policial está haciendo su trabajo, comparando la acción policial a un "partid de futbol" y se negó a hablar con Amnistía y otros movimientos sociales.

Amnistía Internacional ha denunciado una crisis en el sistema de seguridad público brasileño, con una curva ascendente de homicidios y alta violencia de las operaciones policiales, con utilización excesiva de la fuerza y con innumerables casos de tortura. El aparato represivo no ha servido para proteger o reducir la violencia sino para oprimir a la población. La Secretaria de Seguridad Pública de Bahía no divulga la cantidad de homicidios cometidos por agentes públicos pero se estima que 313 personas fueron asesinadas en 2013. En São Paulo, entre enero y febrero del presente año fueron 118 muertes solo del batalhão ROTA.

En Bahía se pide que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes, testigos y sobrevivientes en el caso de Cabula. Es más que necesario que el gobierno del Estado y que todo el país discuta y tome medidas para cambiar la manera de abordar la seguridad publica en Brasil.

El imaginario de la población brasileña asume como normales situaciones como estas, principalmente porque se trata de personas negras y sin recursos. Los Derechos Humanos de las personas (con antecedentes o no) no son reconocidos por la propia sociedad, lo que favorece la invisibilidad de las víctimas. La falta de denuncias y de noticias en la prensa también favorece la impunidad de este tipo de crímenes. Es imperativo que las denuncias continúen para que este caso no se transforme en uno más que no sirve para un cambio en la postura de las autoridades.