Lunes, 16 de julio de 2018

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Contar. Producir un guarismo que dé idea de algo. Medir el tamaño de una parcela en el campo, de una pieza de tela. Calibrar la dimensión de una catástrofe o de los felices nacimientos en el seno de una comunidad. Tasar el volumen de lluvia caída o de la sangre altruistamente donada. Apreciar la profundidad de los fenómenos que se dan en el entorno, de la propia realidad circundante. Hay muchos que, no obstante, se obstinan en denunciar que todo ello promueve el empirismo ciego, la descontextualización de lo acaecido. Se denuncia la vacuidad de lo cuantitativo frente a la relevancia de lo cualitativo.

Contar muertos. Saber las bajas de una guerra, conocer los caídos por una epidemia, tener idea del número de recién nacidos que no llega al mes de vida. Pero los fallecidos siempre terminan teniendo color político. Basta con cruzarlos con su afinidad partidista, su credo religioso, su clase social, su etnia. Tan simple. Entonces, “hay muertos falsos y muertos verdaderos. Tenemos un montón de muertos nuestros, que son bastantes, y tenemos muertos del otro lado”. Declara Jacinto Suárez, uno de los hombres más influyentes en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso nicaragüense, anterior vicecanciller, jefe de inteligencia, embajador en Moscú y Secretario Ejecutivo de la comandancia general del FSLN. Los muertos, según el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa, Rosario Murillo, son responsabilidad de la oligarquía, de Estados Unidos y del narcotráfico

En la crisis dramática que asola a Nicaragua resultan vanas las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos en pro del cese inmediato de la represión y del desmantelamiento de los grupos “parapoliciales” que han contribuido, junto con la Policía, a sembrar el terror y la sangre frente a las barricadas de insumisos. Tampoco produce efecto el bloqueo por parte del Departamento de Estado norteamericano de bienes dentro de la jurisdicción de este país, ni la prohibición a sus ciudadanos de realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por determinados individuos. Recientemente, tres altos funcionarios nicaragüenses se han unido a la lista de los declarados corruptos y violadores de derechos humanos: el comisionado general Francisco “Paco” Díaz, director de facto de la Policía Nacional, y consuegro del matrimonio presidencial, vinculado con ejecuciones extrajudiciales y asociación ilícita para delinquir; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y número tres del régimen, acusado de dirigir grupos delictivos para agredir a manifestantes y desvío de fondos públicos; y Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, tesorero del FSLN, responsable de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y desvío y manejo discrecional de más de 4.000 millones de dólares de la cooperación venezolana a Nicaragua.

En México, 48 aspirantes a cargos de elección y más de 130 militantes de partidos políticos han sido asesinados de septiembre de 2017 a junio de 2018. En Nicaragua, entre el 19 de abril y el 2 de julio pasados, lo han sido 309 personas.