La crisis de acogida en Ceuta. Un proceso de deshumanización y colapso de los derechos humanos

Carla González Miguel

Defensora de los derechos humanos

Detrás de las cifras y discursos que llegan desde la frontera de Ceuta, se libra una batalla mucho más profunda: la de la dignidad humana. Asistimos todos nosotros a un intento coordinado de instrumentalización política y mediática que juega con la externalización de los controles, el blindamiento de las fronteras o la validación de una política europea obsesionada con la deportación. Para sostener toda esta arquitectura, se despliega la estrategia de deshumanización hacia el más vulnerable.

La crisis humanitaria en Ceuta no solo ha dejado al descubierto las costuras de un sistema de acogida desbordado, sino que ha servido de coartada a sectores políticos y mediáticos para legitimar el racismo y la represión. En una democracia madura, las crisis de acogida exigen rigor técnico, responsabilidad institucional y respeto estricto hacia la legalidad, pero lo único que observamos es una farsa política que utiliza el sufrimiento ajeno para azuzar el miedo y la xenofobia poniendo en contra a civiles sin tomar responsabilidad los respectivos Estados y organizaciones.

Calificar la llegada de personas como una «invasión» no es un error terminológico; es una herramienta calculada para activar recursos racistas y dinamitar la empatía social. Del mismo modo, resulta carente de todo fundamento técnico atribuir este repunte migratorio al proceso de regularización llevado a cabo por España, y cuyo plazo concluyó el pasado 30 de junio: una vinculación que representa un irresponsable intento de sembrar el miedo frente a cualquier política que no esté supeditada de manera exclusiva al control policial y a la expulsión.

Frente a la narrativa del orden y la contención, la realidad que documentan las organizaciones sobre el terreno revela una severa crisis de derechos fundamentales. Tal y como advierte la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), es imperativo garantizar de forma tajante el principio de no devolución, en virtud del cual ninguna persona puede ser devuelta a un país donde sus derechos o su vida se estén viendo amenazados. Esto debe ser aplicado con especial atención a niños, niñas y adolescentes, que requieren protección específica exigida sobre los Derechos del Niño.

La dimensión del drama físico es alarmante. Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la situación legal indefinida y la extrema precariedad en la que se encuentran miles de personas. Privadas de cobijo, alimentos e instalaciones sanitarias elementales, se ven expuestas a situaciones de vida en la calle y a todo tipo de violencia, realidades que se suman con tragedias mortales en aguas españolas y marroquíes. En virtud del marco normativo de la UE, España debía realizar un triaje inmediato con controles de salud y detección de víctimas de tortura o violencia machista, quienes ahora enfrentan el riesgo de devolución sumaria bajo el pretexto del acuerdo bilateral de «país de origen seguro» con Marruecos.

La propagación de odio desde las pantallas hasta las calles

El uso sistemático de términos despectivos hacia las personas migrantes y su presentación constante como una «amenaza» o «invasores» despoja a la víctima de su condición humana para convertirla en un blanco legítimo de discriminación y violencia. Miles de imágenes y vídeos difundidos descontextualizados de la crisis ceutí se han viralizado masivamente con el objetivo deliberado de causar pánico en la opinión pública.

No es la primera vez que la desinformación desencadena violencia física. Episodios pasados, como el ocurrido en Torre Pacheco (Murcia) en 2025, demostraron cómo los bulos en redes sociales se materializan en agresiones reales. El pasado 27 de agosto, varios manifestantes en Ceuta intentaron bloquear el paso de un camión de reparto de comida de Cruz Roja hacia la playa del Trampolín, forzando a los equipos humanitarios a modificar sus rutas. Asimismo, profesionales de la comunicación, incluidos periodistas de RTVE, sufrieron episodios de acoso y agresiones mientras cubrían los hechos, actos que han sido tajantemente denunciados por Reporteros Sin Fronteras porque vulneran también el derecho a la información.

La crispación ha saltado con violencia a la península. Las protestas en Madrid derivaron en cargas policiales con gases lacrimógenos frente al Congreso de los Diputados, agresiones a profesionales de la información y cuatro detenidos, mientras que en Valencia se registraron movilizaciones con quema de efigies y consignas de odio abiertamente islamófobas. Esta espiral alcanza una gravedad institucional extrema cuando sectores de la oposición asumen esta gramática calificando la situación de «invasión y ocupación coordinada», alineándose con discursos que banalizan las garantías constitucionales e ignoran que el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe taxativamente las expulsiones colectivas.

A esta escalada se suman reacciones europeas desproporcionadas, como la instauración de controles fronterizos por parte de Francia en los Pirineos o las peticiones de gobiernos ultras reclamando la suspensión de España del espacio Schengen. Si los gobiernos y los actores políticos se consideran eximidos de rendir cuentas por manipular a la opinión pública a través del miedo y la desinformación, no solo estarán dando la espalda a las víctimas en la frontera; estarán alimentando a las fuerzas autoritarias e iliberales que amenazan con reducir a cenizas la esencia misma de nuestra democracia y atentar con el bienestar de las personas migrantes y los ciudadanos de Ceuta.