La asociación JUCIL también critica que el traslado de presos por consultas leves sature las Urgencias del hospital y deje sin patrullas al medio rural, exigiendo que se declare su actividad como profesión de riesgo.
La asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado públicamente la situación de desprotección e inseguridad que afrontan los agentes destinados en la provincia de Salamanca. Esta reclamación se produce tras el reciente ataque sufrido por un efectivo a manos de un interno en el Centro Penitenciario de Topas.
Desde la organización señalan que este suceso vuelve a poner de manifiesto los graves riesgos a los que se enfrentan a diario los efectivos en la comarca salmantina. Asimismo, evidencia lo que consideran una gestión ineficiente de las patrullas de Seguridad Ciudadana durante los traslados sanitarios de los reclusos.
La delegación provincial critica que los recursos policiales se vean comprometidos de forma habitual por servicios que no revisten gravedad. Esta situación, aseguran, afecta directamente a la seguridad de los municipios salmantinos al restar presencia policial en las calles.
Según detallan desde JUCIL Salamanca, las patrullas del medio rural quedan retenidas de forma habitual durante horas en las Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA). Este bloqueo se origina al movilizar a los agentes para custodiar y trasladar a internos desde la prisión de Topas por patologías leves o revisiones rutinarias que no constituyen una urgencia médica.
La asociación califica de "inadmisible" que se detraigan efectivos de los pueblos y comarcas salmantinas para atender trámites sanitarios prescindibles de la población reclusa. JUCIL sostiene que estas consultas menores podrían resolverse dentro del propio centro penitenciario mediante la asistencia intraprenitenciaria o el uso de la telemedicina.
"No tiene sentido desmantelar la vigilancia en los pueblos de Salamanca para mantener a patrullas enteras custodiando en Urgencias casos médicos menores de la cárcel de Topas", han manifestado de forma tajante desde la delegación provincial de la asociación.
La organización advierte de que las agresiones físicas no son hechos aislados, sino el reflejo de una progresiva pérdida del principio de autoridad y del aumento de la violencia que sufren los agentes en el ejercicio de sus funciones.
Por este motivo, JUCIL sitúa en el centro de sus reivindicaciones la necesidad urgente de que el Ministerio del Interior reconozca a la Guardia Civil como profesión de riesgo. La asociación considera incomprensible que los guardias civiles sigan excluidos de esta catalogación, de la que ya se benefician otros cuerpos policiales del país.
Para revertir la actual situación de vulnerabilidad de los agentes y garantizar la seguridad en la provincia, la asociación exige la adopción de las siguientes medidas:
JUCIL, que cuenta con más de 15.000 miembros a nivel nacional, reafirma su compromiso con la mejora de las condiciones laborales de los guardias civiles y la defensa de un despliegue eficaz del cuerpo en todo el territorio.