La Junta de Castilla y León ha ordenado el pago de 1,86 millones de euros para 339 agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los incendios forestales de este verano. Los beneficiarios recibirán un anticipo inmediato de 5.500 euros por explotación para mantener su actividad productiva.
La Junta de Castilla y León ha ordenado este miércoles el pago de 1.864.500 euros destinados a paliar los daños sufridos por el sector primario durante los incendios forestales de este verano. La medida beneficiará de forma directa a un total de 339 profesionales del campo.
Los perceptores de estas ayudas, entre los que se encuentran agricultores, ganaderos y apicultores, recibirán mañana mismo en sus cuentas bancarias un ingreso inicial de 5.500 euros por explotación. Esta inyección económica busca garantizar la viabilidad inmediata de los negocios afectados.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha priorizado la resolución de este expediente administrativo. El objetivo principal es que los fondos comprometidos lleguen a los damnificados en el menor plazo posible para evitar el cese de su actividad.
Los fondos se distribuirán entre profesionales de las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora, que fueron las más castigadas por los fuegos del periodo estival de 2026. La convocatoria se ha dirigido exclusivamente a explotaciones profesionales que sufrieron pérdidas severas.
Los beneficiarios se dividen en los siguientes perfiles del sector:
Esta ayuda inicial de 5.500 euros constituye un soporte de liquidez urgente, pero no será la única. Según detalla la Consejería, la cuantía final podrá incrementarse hasta los 25.000 euros por explotación una vez que concluyan las valoraciones definitivas de los daños sobre el terreno.
Los incendios forestales de este verano provocaron la destrucción de cultivos, daños graves en instalaciones agropecuarias, la pérdida de colmenas y la muerte o desaparición de ganado. Estas circunstancias comprometieron gravemente la capacidad productiva de decenas de familias en el medio rural de la comunidad.
Para acelerar el proceso, la administración autonómica ha simplificado los trámites de gestión. Esta reducción de cargas burocráticas ha permitido autorizar el pago en un tiempo récord, garantizando que la ayuda llegue cuando todavía es decisiva para la supervivencia de las explotaciones.
La Junta de Castilla y León continuará con los trabajos de peritación técnica para determinar el impacto económico definitivo de los siniestros. A partir de estos informes, se diseñarán las medidas complementarias necesarias para asegurar el empleo y acelerar la recuperación medioambiental y económica de las zonas afectadas.