Incertidumbre para 50 trabajadores y usuarios ante el posible cierre del CRMF
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Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes para frenar la clausura del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Salamanca, prevista por el IMSERSO para el 18 de diciembre
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para exigir medidas que eviten el cierre del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Salamanca. La iniciativa parlamentaria busca garantizar tanto la continuidad de los servicios como el mantenimiento del empleo en las instalaciones.
La alarma social saltó tras conocerse que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha fijado el próximo 18 de diciembre de 2026 como fecha de clausura definitiva del centro salmantino. Aunque se planteó un posible traspaso de la gestión a la administración autonómica, la falta de confirmación oficial mantiene en vilo a la comunidad.
Según detalló en su momento el secretario del IMSERSO, Antonio Balbontín, la previsión era que el 1 de enero de 2027 tanto el centro como su plantilla estuvieran transferidos a la Junta de Castilla y León. Sin embargo, los leonesistas denuncian que, a día de hoy, no existe constancia de que este acuerdo se haya materializado.
Esta falta de avances administrativos deja en una situación de extrema incertidumbre tanto a las personas con discapacidad que reciben tratamiento en el centro como al medio centenar de trabajadores que componen la plantilla del CRMF de Salamanca.
Ante este escenario, la formación leonesista ha interpelado directamente al gobierno autonómico para conocer si va a aceptar el traspaso propuesto por el IMSERSO. UPL reclama saber en qué punto exacto se encuentran las negociaciones entre ambas administraciones para evitar que el centro quede sin actividad a finales de año.
Asimismo, los procuradores de UPL han preguntado si la Junta tiene constancia de que el Gobierno central se plantee dar marcha atrás en su decisión de cierre. Esta opción sería clave para mantener la actividad del CRMF en el caso de que no se alcance un acuerdo de transferencia con la comunidad autónoma.
Garantías para el empleo y la atención a los usuarios
La iniciativa parlamentaria hace especial hincapié en la protección de los derechos laborales. UPL exige que, si se asume la gestión, se garantice que los empleados conserven sus puestos de trabajo en Salamanca y mantengan intactas sus actuales condiciones laborales.
Del mismo modo, el partido insta a que el cambio de titularidad no afecte a la calidad asistencial. Los usuarios deben seguir recibiendo en la capital salmantina la misma atención, tratamientos y programas de rehabilitación que se venían prestando de manera habitual hasta la fecha.
Alternativas ante un posible escenario de cierre
En el supuesto de que no se logre un acuerdo de traspaso y el IMSERSO ejecute la clausura en diciembre, UPL reclama a la Junta que diseñe un plan de contingencia. Este plan debe ofrecer alternativas viables para reubicar a los profesionales sin que sufran merma en sus condiciones.
Finalmente, la formación insiste en que no se puede dejar desatendidos a los usuarios del CRMF. Por ello, urge a la administración autonómica a asegurar que estas personas puedan continuar con sus procesos de rehabilitación en Salamanca, independientemente del futuro del edificio actual.
