PP, VOX y las alcantarillas

La crisis migratoria que está teniendo lugar en Ceuta, está retratando a la derecha extrema del PP y a la extrema derecha de VOX, que ya son la misma cosa, no hay diferencias sustanciales entre los valores y postulados que defienden los ultras y los que defienden los conservadores. El pacto que el PP ha firmado con VOX para la gobernabilidad de 4 Comunidades Autónomas: Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía obliga al partido de Feijóo a “tragar” con las exigencias supremacistas, racistas, xenófobas y excluyentes de VOX.

La derecha extrema del PP de Feijóo y Ayuso se ha convertido en una formación política residual y extremista, que no respeta la normativa internacional sobre Derechos Humanos. Tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como la Ley de Extranjería y la de Protección del Menor, exigen que, en interés superior del menor, cada expediente de repatriación de los menores deba ser individualizado, con audiencia del mismo e intervención del Ministerio Fiscal. Incluso el Tribunal Supremo considera que una expulsión como la que pide el líder del PP, es una vulneración clara de los derechos a la integridad física y moral de los menores, puesto que se le pone en peligro de sufrir padecimiento corporal o psíquico. El interés superior del menor debe ser prioritario.

La postura de Feijóo, del PP y de VOX, es claramente ilegal y el llamamiento que ha hecho Feijóo diciendo que deben ser expulsados todos, mayores y menores, es una incitación a la desobediencia; exigir a los funcionarios públicos que se salten los procedimientos administrativos, equivale a pedirles que cometan un delito de prevaricación. Por su parte, la Fiscal de la Sala de Menores, Teresa Gisbert, también ha rechazado tajantemente la propuesta de Feijóo, puesto que vulnera las garantías legales obligatorias vigentes.

El mensaje del PP se está degenerando progresivamente, situándose cada día más cerca de los golpistas de 1936 que acabaron con el régimen democrático y constitucional de la Segunda República Española. Ya no se diferencia en nada del mensaje de la ultra derecha de VOX y de las provocaciones incendiarias de los gobernantes mundiales más ultramontanos, cuyos principios y valores no se diferencian de la versión actualizada del nazismo del periodo de entreguerras, secundado por Trump en USA, Milei en Argentina o Bukele, en El Salvador.

Sabemos que VOX es una formación política ultra reaccionaria y populista que se alimenta del miedo que transmiten a los ciudadanos, al dibujar una realidad que no existe. Cuentan con unos aduladores mediáticos que falsifican la realidad con la finalidad de generar odio, enfrentamiento y rechazo. Lo están haciendo con los migrantes, a los que estigmatizan tratando de identificar migración con delincuencia. Se hacen eco de alguna conducta delictiva cometida por algún migrante, manipulan la información divulgándola hasta la saciedad con el fin de provocar que la opinión pública perciba erróneamente que la inseguridad ciudadana la comenten los extranjeros con la finalidad de inocular entre los ciudadanos nacionales odio y rechazo hacia la población inmigrante.

Sabemos todo eso de VOX y de sus homólogos políticos de los 5 continentes –por ejemplo, Milei, con un mensaje que raya el esoterismo y la estupidez, ha declarado que el incremento de la deuda de los ciudadanos argentinos es debido a los asesinatos cometidos por las mujeres que abortan- pero lo que resulta más preocupante es que el PP –partido que ha gobernado España y lo está haciendo en varias regiones y ayuntamientos- esté siguiendo la estela de la derecha más atrabiliaria. Se está convirtiendo en un partido anti sistema, porque sus líderes –como Feijóo- hacen proclamas incitando a cometer delitos, a prevaricar, como es su petición pública de que se expulse inmediatamente también a los menores no acompañados que están en Ceuta. Que el PP se alimente de las mismas alcantarillas que las formaciones políticas más radicales y reaccionarias del mundo, es un problema social y político gravísimo, porque pueden llegar a gobernar España y, si así fuere, acabarían con las políticas públicas que identifican al Estado del Bienestar, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o las pensiones.