La cámara municipal de Idanha-a-Nova, limítrofe con el norte de Cáceres, ha manifestado su preocupación
El pasado 12 de agosto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) concedió la renovación del plazo de actividad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), mediante la Orden TED/864/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 14 de agosto de 2026.
La prolongación se refiere a las unidades I y II de la central y tendrá validez hasta el 8 de junio de 2030.
El Gobierno español justifica esta medida basándose en las consecuencias que en los mercados internacionales de la energía están provocando la guerra en Ucrania y la de Oriente Medio y asegura que está garantizada la seguridad radiológica.
Esta decisión, que ha seguido todos los trámites pertinentes y ahora ya es formal, ha provocado la reacción del ejecutivo del concejo rayano portugués de Idanha-a-Nova, lindante muchos kilómetros con el noroeste de la provincia de Cáceres y localizado a unos 100 km de la localidad de Almaraz.
En comunicado oficial, el municipio ha querido dejar constancia de su disconformidad y total rechazo a esta medida. “La Cámara Municipal de Idanha-a-Nova manifiesta públicamente por este medio su gran preocupación frente a la decisión del Gobierno español de prolongar el funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.”
En el mismo comunicado, recuerda el carácter internacional del río Tajo, utilizado por la central para refrigerar sus reactores, haciendo hincapié en el riesgo nuclear que también asume la población de la vertiente portuguesa del río. “Algún fallo o accidente nuclear tendría consecuencias catastróficas e irreversibles para el caudal del río Tajo, destruyendo ecosistemas, contaminando recursos hídricos vitales y asestando un brutal golpe a la agricultura y los modos de vida de toda la población dependiente de la cuenca del Tajo”.
Además, recalca el riesgo de ampliar la actividad de una central nuclear con más de cuarenta años de funcionamiento. Almaraz I inició su explotación comercial en 1983 y Almaraz II en 1984. “El futuro de la Península Ibérica debe ser exclusivamente diseñado en base a las energías renovables y limpias, y no extendiendo la vida útil de unos reactores nucleares de segunda generación que ya cumplieron su ciclo.”
El ayuntamiento rayano exige una posición firme a su propio Gobierno frente a Madrid, para que haga valer el principio de precaución y los tratados internacionales de seguridad ambiental transfronteriza para frenar esta prórroga, que califica como “grave decisión unilateral”.
Al mismo tiempo, anuncia su intención de movilizarse junto a los concejos portugueses vecinos, también rayanos; las organizaciones medioambientales; los movimientos asociativos y la Comunidad Intermunicipal de la Beira Baixa, que aglutina 6 concejos de esta región fronteriza con la provincia de Cáceres, donde viven unas 90.000 personas. El objetivo sería rechazar la medida “por todas las vías institucionales y políticas disponibles”, informan en el referido comunicado de prensa.

El MITECO asegura en el texto de la norma que “la extensión es segura desde la perspectiva radiológica y de seguridad de suministro, y no supone mayor coste a los ciudadanos.”
Durante meses se venía hablando de esta posible prórroga. La población de la comarca de Almaraz se manifestó dividida entre los partidarios y los detractores de su cierre, pero inclinándose claramente la balanza hacia los que apoyaban la prolongación de su vida útil, pesando los motivos socioeconómicos, pues la central da de comer, directa e indirectamente, a muchas familias.
El Gobierno español alude en el texto de la Orden a las circunstancias excepcionales en las que se basa esta decisión, derivadas de los conflictos bélicos actuales y su impacto sobre los precios, volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales del gas.
El Ministerio también alude al informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, que ha realizado un seguimiento y supervisión continuos de la explotación de la mencionada central durante el periodo de vigencia de la autorización actual, afirmando que cumple las condiciones aplicables en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.
El MITECO subraya que la ampliación es “limitada y excepcional” y que no altera la fecha de cierre de todo el parque nuclear español previsto para el año 2035.
Portugal no tiene ninguna central nuclear. Sin embargo, tiene una a 100 km de su territorio. Hubo un intento en los años ochenta de abrir una nuclear en Ferrel, concejo de Peniche, en la costa, unos 80 km al norte de Lisboa, pero la contestación social fue tan amplia, clara y mantenida en el tiempo, que el Gobierno portugués acabó por desistir del proyecto.
El ayuntamiento de Idanha-a-Nova considera la central como “una amenaza ambiental, económica y de seguridad, latente para toda la Beira Baixa y el país, en particular, para el concejo de Idanha-a-Nova.”
Desde el principio, Portugal cuestionó la implantación de una central nuclear tan cerca de su frontera, con un sistema de refrigeración abierto al Tajo y en una zona de riesgo sísmico. Además, el país vecino ha denunciado la no existencia de un plan de emergencia bilateral ni de un plan de emergencia nuclear transfronterizo entre España y Portugal.
Se ha opuesto a los sucesivos aplazamientos del cierre de Almaraz, inicialmente previsto en 2010, prolongándose después hasta 2020, luego hasta 2028 y ahora hasta 2030.
Los portugueses siempre han mostrado un sentimiento de incoherencia relativamente a la nuclear de Almaraz. Habiendo el país desistido de este modo de producción energética, en un tiempo en que las nucleares se extendían por Europa, de poco le sirve respecto a la asunción de sus riesgos.