“La noche al monte sube.
El hambre baja al río.
Ven conmigo.
Quiénes son los que sufren?
No sé, pero son míos.
Ven conmigo.
No sé, pero me llaman
y me dicen: ‘Sufrimos’”
Pablo Neruda, LOS VERSOS DEL CAPITÁN (El monte y el río), 1963
En ocasiones, una crisis política concreta deja de ser tal para convertirse en el síntoma de una enfermedad del sistema que la contiene. Lo que sucede con los menores hacinados en Ceuta y la negativa de algunas comunidades autónomas gobernadas por la ultraderecha de asumir la responsabilidad de su acogida y protección, a lo que están obligadas, y con la continuada utilización de las instituciones autonómicas como arietes contra el Gobierno de España debería obligarnos a mirar más allá del episodio concreto y plantearnos ya el gran debate sobre la construcción y estructura del Estado.
No se trata de regresar a aquella España centralista que algunos todavía evocan, la Una, Grande y Libre, ni de resucitar el espíritu reaccionario de Las Autonosuyas, aquel panfleto fascista de Vizcaíno Casas que tanto aplaudieron los reaccionarios. Muy al contrario: defender la descentralización y cree que los territorios deben disponer de capacidad para gobernarse y que un verdadero federalismo sería la forma más democrática y madura de convivencia, es también preguntarse, a la vista de la mezquindad gubernativa de muchas autonomías, de su vocación excluyente y racista, de su estupor acultural, de la xenofobia fascistas que imparten, ejercen y enseñan en sus aulas públicas, si el Estado autonómico cumple sus auténticas funciones o si se ha convertido en un tablero de reinos de taifas, señoríos de nobleza y cotos privados del capricho y el clasismo, en pequeños poderes territoriales cuya primera preocupación es perjudicar al Gobierno de la nación aunque para ello tengan que perjudicar también, y avergonzar, a muchos de sus propios ciudadanos.
Distinto de defender la gestión autonómica es convertirla en una trinchera o aceptar que un ciudadano tenga más derechos, más ayudas, mejor atención sanitaria o educativa o mayores beneficios públicos simplemente porque ha nacido o reside a un lado u otro de una frontera autonómica. La descentralización nació para acercar la administración a las personas, no para alejarlas entre sí; para gestionar mejor la diversidad, no para fabricar ciudadanos de primera y de segunda según el código postal (aquí la izquierda política debería reflexionar, aclarar(se) y reconocer que no hay contradicción entre la diversidad geográfica y cultural y la igualdad de derechos de ciudadanía, y enterarse de que el árbol de la pluralidad ha de generar el ramaje de la solidaridad obligatoria entre territorios, que la idea viva ha de hermanarse con la realidad, y que eso es también puro marxismo).
Resulta urgente abrir, desde la izquierda política principalmente, un debate político, parlamentario y constitucional que tenga como horizonte un fortalecimiento real de la descentralización, es decir, un debate que anuncie una configuración política y republicana que incluya el estado federal español que tanto tiempo ha esperado (conviene recordar aquí que el origen del Estado autonómico no fue sino el intento de la reacción franquista de un “café para todos” que desactivara la importancia del reconocimiento de los únicos estados del país con identidad y derechos propios de autogobierno: Euskadi y Cataluña, las dos comunidades que durante la República habían alcanzado estatutos de autonomía y cuya personalidad política había sido aplastada, sojuzgada y perseguida por la dictadura. La “solución” para evitar las protestas y reacciones militares, económicas y de boicot, fue extender las autonomías al conjunto del país (a veces buscadas y delimitadas en los mapas con el lapicero en una mano y la calculado en la otra).
Es necesaria y urgente la revisión de la arquitectura del Estado (empezando por las servidumbres monárquicas, eclesiales o de blindaje espurio de acuerdos con la usura y la avaricia en sus formas financieras y bancarias). Un federalismo cooperativo, con competencias claramente delimitadas, financiación transparente, mecanismos eficaces de solidaridad y un Senado convertido verdaderamente en cámara territorial, sería una respuesta mucho más sensata que esta permanente y por momentos ridícula competición entre administraciones de paisitos imaginarios. No se trata de volver al centralismo sino de abandonar el cantonalismo y evitar que las diferencias geográficas, culturales o de población se conviertan en privilegios (y desventajas).
Tal vez esos menores de Ceuta, atrapados entre una emergencia humanitaria y una batalla política que no han provocado, sometidos a las mafias de trata de mujeres y niñas, de tráfico de órganos, de utilización mezquina de su sufrimiento y su afán, de su hambre, de sus sueños y de su vida, estén señalándonos, mirándonos con los ojos de pavesa de la esperanza de quien la tuvo y recordándonos con su sola presencia, con su sombra y su ocaso, con su ser persona, que la humanidad, la solidaridad, la justicia y la igualdad no son de diecisiete formas ni dependen de la decisión de un rey ni de una reyezuela, sino de algo tan sencillo como saber abrigar cada nombre en el pronombre nosotros.
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