El PSOE propone que los pequeños municipios aporten solo el 10 % en los proyectos de abastecimiento de agua
El PSOE de Salamanca propone reducir al 10 % la aportación de los pequeños municipios en los proyectos de abastecimiento de agua. Los socialistas denuncian la asfixia económica de los ayuntamientos ante el encarecimiento de las obras de La Armuña y Almenara de Tormes
La diputada provincial y vicesecretaria general del PSOE de Salamanca, Miryam Tobal, y el procurador en Cortes, Miguel Ángel Luengo, han analizado la situación del abastecimiento de agua en la provincia. Ambos representantes han denunciado los retrasos y los sobrecostes en las infraestructuras hídricas, exigiendo medidas urgentes a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Salamanca.
Los socialistas han puesto el foco en la asfixia económica que sufren los pequeños municipios debido al actual modelo de financiación de estas obras. Ante esta situación, han planteado una propuesta para reducir de forma drástica la aportación que deben realizar los ayuntamientos para garantizar este servicio básico.
La iniciativa surge tras constatar que los presupuestos de proyectos históricos, como los de las comarcas de La Armuña y la margen izquierda del Tormes (Almenara), se han duplicado respecto a las previsiones iniciales tras años de parálisis administrativa.
El encarecimiento de los proyectos de La Armuña y Almenara
Tobal ha recordado que estas actuaciones son demandas históricas que acumulan 20 años de reivindicaciones. Aunque los proyectos ya estaban redactados en 2007, quedaron paralizados, a diferencia de lo ocurrido en la margen derecha del Tormes, donde las obras se ejecutaron con una aportación municipal de solo el 5 %.
Tras una moción socialista en junio de 2024, la Junta y la Diputación anunciaron un protocolo con una inversión estimada de 12 millones de euros para La Armuña y 7 millones para Almenara de Tormes. Sin embargo, tras dos años de espera para su redacción, los costes se han duplicado notablemente.
El proyecto de Almenara de Tormes, que beneficiará a 12.000 habitantes a través de más de 100 kilómetros de conducciones, ha alcanzado los 14 millones de euros. Por su parte, el presupuesto para La Armuña ha ascendido hasta los 29 millones de euros, más del doble de lo previsto inicialmente.
El convenio actual establece que la Junta de Castilla y León asume el 40 % del coste, la Diputación de Salamanca otro 40 % y los municipios el 20 % restante. Para la zona de Almenara de Tormes, este 20 % equivale a un desembolso de 2.888.000 euros.
Aunque la empresa pública Somacyl permite aplazar el pago a 25 años (lo que supone 173.000 euros anuales en conjunto) sumado a una tarifa de 0,5 euros por metro cúbico, el PSOE advierte de que el esfuerzo es inasumible para las arcas locales.
La diputada provincial ha detallado el impacto anual estimado para varios municipios afectados:
- Galindo y Perahuy: 55.000 euros al año
- Pino de Tormes: casi 20.000 euros al año
- Barbadillo: 12.600 euros al año
- Rollán: 12.500 euros al año
Para paliar esta situación, el PSOE propone aplicar el mismo criterio de equidad utilizado en Santa Marta de Tormes, donde el municipio aportó solo el 10 %. "Creemos que es justo que los ayuntamientos tengan menos presión", ha afirmado Tobal, solicitando que la Diputación asuma el 50 % del coste total.
Más de 60 municipios dependientes de cisternas
Por su parte, el procurador Miguel Ángel Luengo ha calificado de "fracaso estrepitoso" la gestión hídrica de la Junta. Según ha revelado, el año pasado más de 60 pueblos de la provincia tuvieron que ser abastecidos con cisternas por problemas de escasez o contaminación.
Luengo ha aportado datos concretos sobre el volumen de agua distribuido en varias localidades:
- Aldeadávila de la Ribera: un millón de litros recibidos
- Vega de Terrón: más de 700.000 litros recibidos
- La Maya: casi medio millón de litros recibidos
El procurador ha criticado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por "sustituir los planes de ingeniería serios por parches con cisternas". Asimismo, ha puesto como ejemplo de retraso el proyecto de la Sierra de Francia desde el pantano de Navamuño, presupuestado en 12 millones en 2022 y aún sin ejecutar.
Exigencias de control y auditoría en las Cortes
El representante socialista también ha alertado sobre el papel de Somacyl, acusando a la entidad de realizar una "privatización diferida" y aplicar un "tasazo del agua" que obliga a los ayuntamientos más pequeños a hipotecarse a largo plazo.
Ante esta situación, el Grupo Socialista ha presentado diversas iniciativas parlamentarias en las Cortes de Castilla y León para exigir un plan de choque con inversión directa que libere de cargas a las entidades locales.
Entre las medidas solicitadas destaca la licitación urgente de los proyectos paralizados y la realización de una auditoría provincial del agua. Esta herramienta permitiría detectar fugas, controlar los niveles de nitratos e instalar potabilizadoras de carbón activo en las zonas afectadas.
"Los alcaldes estamos con la espada de Damocles continuamente", ha concluido Luengo, reclamando soluciones definitivas para garantizar el agua potable y frenar la despoblación en el medio rural salmantino.
