Prorrogada la prisión para los acusados de la 'casa de los horrores' de Pizarrales
Un máximo de dos años de prisión provisional para el hombre y su madre acusados de maltratar y retener a una mujer en Pizarrales. La decisión se adopta tras la anulación de la condena de conformidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, lo que obligará a repetir el proceso judicial.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional para el hombre y su madre acusados de agredir sexualmente, maltratar y retener ilegalmente a una mujer en una vivienda del barrio de Pizarrales. Ambos permanecerán encarcelados a la espera de la celebración de un nuevo juicio.
Esta decisión judicial se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declarara nula la sentencia de conformidad previa. Aquella resolución inicial condenaba al principal acusado a 37 años de cárcel y a su progenitora a 20 años de prisión tras admitir los hechos.
Los magistrados de la Audiencia salmantina consideran que persiste un evidente riesgo de fuga en ambos procesados. Por ello, han decretado la ampliación de la medida cautelar por un plazo máximo de dos años adicionales, garantizando así su presencia en la nueva vista oral que se señalará próximamente.
Los dos implicados se encuentran privados de libertad desde agosto de 2024, momento en el que fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. Al estar a punto de expirar el límite legal de dos años de prisión preventiva, el tribunal ha considerado indispensable autorizar esta prórroga.
Anulada la condena inicial
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL anuló recientemente el fallo al entender que la calificación jurídica de los delitos no era la correcta. El alto tribunal autonómico ha ordenado retrotraer las actuaciones al momento previo a la conformidad, lo que obligará a celebrar un nuevo juicio si los acusados no se declaran culpables bajo una nueva calificación.
La Audiencia de Salamanca ha aclarado que la nulidad de la sentencia no se debe a dudas sobre la realidad de los indicios o los hechos probados. El motivo responde exclusivamente a la necesidad de aplicar de forma estricta el principio de legalidad en la tipificación de las infracciones penales cometidas.
Persistencia del riesgo de fuga
El tribunal provincial sostiene que el riesgo de que los acusados intenten eludir a la justicia sigue plenamente vigente debido a la gravedad de las penas a las que se enfrentan. Los delitos imputados incluyen agresión sexual continuada, maltrato habitual, amenazas, estafa, lesiones y detención ilegal.
Los magistrados recalcan que la futura calificación jurídica de los hechos no supondrá, en ningún caso, una rebaja de las penas que sitúe el escenario por debajo de los tres años de prisión, umbral mínimo exigido por la ley para autorizar la prórroga de la prisión preventiva.
Asimismo, la resolución judicial subraya que la defensa no ha aportado ningún dato nuevo que justifique la puesta en libertad de los procesados. Al contrario, el tribunal advierte que el riesgo de fuga es ahora mayor ante la inminencia de un nuevo juicio que podría materializar severas condenas de cárcel.
