Encuesta sobre la justicia

El Instituto 40dB, que realiza encuestas de opinión para el diario El País y para la emisora de radio Cadena SER, ha realizado un estudio demoscópico importantísimo y monográfico sobre el funcionamiento de la Justicia en España y el resultado es demoledor, dado que más del 65 % de los encuestados considera que el “lawfare”(guerra judicial) existe en España, que castiga mucho más a la izquierda política que a la derecha y el 82 % piensa que es demasiado lenta y poco independiente. Estos datos son reveladores e indican claramente que los jueces se dejan influir, a la hora de ejercer su función jurisdiccional, por su ideología política.

Estos datos han escocido a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, quién ha determinado que deben recuperarse las encuestas sobre el barómetro de la Administración de Justicia. Incluso, un sector del órgano de gobierno del CGPJ, con sus declaraciones al respecto, contribuye a apuntalar la encuesta, porque afirma que detrás de esta “campaña” está la “mano negra del Gobierno”. Esas declaraciones delatan a ese “sector grupúsculo” y demuestra que, efectivamente, están dispuestos a hacer lo que sea para atacar el Gobierno y a su presidente.

Intentaré ilustrar con hechos concretos -que es como se debe hacer- para demostrar que ese “lawfare” existe y que se ha intentado por todos los medios que Pedro Sánchez no fuera presidente del gobierno y cuando se le invistió ha continuado descaradamente, caso a caso, para que el presidente dimitiera; hasta el punto de imputar a su esposa por presuntos hechos delictivos que, en ningún caso, se hubieran imputado a ningún consorte de cualquier otro presidente de gobierno, sabiendo el daño personal inmisericorde que pueden hacer a Pedro Sánchez. Y todo es producto del odio que la derecha política y mediática ha vertido sobre él desde su toma de posesión después de la moción de censura presentada a M. Rajoy. La excusa, en la actualidad, son los presuntos casos de corrupción que se han conocido y que afectan a cargos públicos (y muy importantes) que ha habido en el gobierno y en el PSOE. Son casos muy graves, por supuesto, pero ha habido una diferencia en relación a los casos pretéritos surgidos en los gobiernos de Aznar y M. Rajoy; porque, al menos, esos cargos públicos han sido apartados inmediatamente en el momento de conocerse. Llevaba el PSOE tan sólo unas semanas en el gobierno cuando la maquinaria del odio dirigida por los políticos del PP, de Ciudadanos y de VOX y sus voceros mediáticos, provocaron la dimisión del ministro de Cultura, Maxim Huerta, por una presunta deuda de años anteriores con la Hacienda Pública y que había saldado adecuadamente mucho antes de ser ministro. La persecución siguió todo ese verano inventándose un presunto plagio en la tesis doctoral del presidente del gobierno, cuando se demostró que no fue así.

En 2023, cuando iba a ser investido presidente Pedro Sánchez, después de las elecciones que tuvieron lugar ese verano, el juez Manual García Castellón decidió enviar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que se investigara por terrorismo al ex president de la Generalitat Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira y a otras 10 personas en la causa del Tsunami Democrátic. Todo ello lo hizo coincidir en plenas negociaciones entre el PSOE, ERC y Junts sobre la ponencia que presentarían para la aprobación de la Ley de Amnistía y para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. ¿Por qué hizo García Castellón eso en aquél momento? ¿no sería una actuación para hacer descarrilar las negociaciones entre esos partidos?

Más hechos concretos de la presunta utilización del “lawfare” contra el gobierno y su presidente han sido la condena al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz por un delito de revelación de secretos relacionados con la filtración a la prensa correos electrónicos confidenciales del abogado de González Amador –pareja de la presidenta madrileña, Ayuso- en los que éste reconocía haber cometido delitos fiscales, sin haber sido probados los hechos o las imputaciones del juez Peinado a la pareja del presidente del gobierno por presuntos delitos, sin pruebas concluyentes o la imputación también del hermano del presidente del gobierno por presuntos hechos delictivos que tampoco han sido adecuadamente probados.

No obstante, de lo que estoy absolutamente convencido es de que la iniciativa de este desaguisado judicial, de este “lawfare” contra el gobierno y su presidente, no parte de los propios jueces, sino de todo el “coro político y mediático” de los líderes de la derecha, de la ultraderecha y de sus aduladores, siguiendo las instrucciones del ínclito Aznar cuando proclamaba el famoso “el que pueda hacer que haga”. ¡HORRIBLE!