El salmantino que preside el Consejo de Graduados Sociales de España pide un pacto de Estado contra el absentismo laboral

El salmantino Joaquín Merchán Bermejo, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, ha reclamado abordar el absentismo laboral como un "asunto de Estado". Merchán aboga por un consenso político y social que aleje este problema de la confrontación partidista y proteja tanto a los trabajadores como a las empresas.

Según el presidente del Consejo, la situación actual requiere un análisis riguroso y alejado de los reproches políticos. "Los países serios protegen a la vez la salud de quienes trabajan, la viabilidad de quienes emplean y el sistema público que ampara a todos", afirma Merchán, destacando la necesidad de un pacto de consenso similar al Pacto de Toledo.

Para aportar claridad al debate, la institución ha publicado, a través de su Fundación Justicia Social, el informe titulado "Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad". Este documento analiza los datos oficiales disponibles para establecer una base común de trabajo entre todas las partes implicadas.

Las cifras actuales reflejan la magnitud del problema en el país. La tasa equivalente de absentismo alcanzó el 5,51 % en 2025, año en el que los procesos activos de incapacidad temporal superaron los 1,24 millones de personas. Estos datos sitúan a España como el tercer país de la Unión Europea en ausencias, según la OCDE.

Entre las causas principales de este incremento destaca el factor demográfico. Entre 2019 y 2025, la afiliación de trabajadores de 50 a 64 años aumentó en 1,5 millones de personas, lo que exige una adaptación ergonómica de los puestos de trabajo y medidas de envejecimiento activo para preservar la salud de los profesionales.

Asimismo, la saturación de la atención primaria influye directamente en la duración de las bajas, con esperas medias de 17,5 días que alargan los procesos. A esto se suma un cambio en las patologías: el 45,5 % de las bajas se debe a causas osteomusculares y el 20,3 % a trastornos de salud mental.

El impacto económico de esta situación es elevado para ambas partes. El gasto del sistema público en incapacidad temporal alcanzó los 17.000 millones de euros en 2025, según datos de la AIReF. Por su parte, las empresas soportaron un coste idéntico de 17.000 millones de euros, afectando especialmente a las pymes.

Ante este escenario, Merchán propone un marco estable de diálogo entre el Gobierno, las comunidades autónomas, los agentes sociales y los profesionales sociolaborales. Este espacio tendría como objetivos homogeneizar la medición del absentismo y dar continuidad a las políticas públicas por encima de los ciclos electorales.

La propuesta del Consejo General de Graduados Sociales descarta el recorte de prestaciones y apuesta por reforzar la atención primaria y la salud mental. También plantea coordinar al INSS, los servicios de salud, las mutuas y la prevención empresarial, inspirándose en modelos europeos como el alemán o el escandinavo.