Piden la suspensión cautelar de la licencia ambiental de la futura central de biomasa de Salamanca

La organización Ecologistas en Acción Salamanca ha presentado alegaciones para solicitar la suspensión cautelar de la licencia ambiental y del uso excepcional en suelo rústico de la futura central de calor de biomasa de la ciudad. El colectivo argumenta la existencia de graves deficiencias ambientales y de transparencia en la tramitación del proyecto.

La asociación conservacionista ha recordado que el debate en torno a esta infraestructura no debe limitarse a los beneficios anunciados, sino que debe garantizar el estricto cumplimiento de la legalidad vigente. En este sentido, critican que el Ayuntamiento de Salamanca no facilitara el acceso electrónico a la documentación en tiempo y forma.

Esta situación, según expone la organización, dificultó el derecho de la ciudadanía a presentar alegaciones durante el periodo de información pública. Los ecologistas señalan que esta forma de proceder vulnera la Ley 27/2006, reguladora de los derechos de acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente, así como la Ley 19/2013 de transparencia.

Asimismo, la portavoz de Ecologistas en Acción Salamanca, Teresa Vicente, ha advertido de que el expediente actual carece de la preceptiva evaluación de impacto ambiental, un requisito que consideran indispensable para una instalación de estas características.

Posible fraccionamiento del proyecto

La organización cuestiona que la central de calor y su red de distribución se estén tramitando como expedientes independientes. A su juicio, esta separación podría constituir un fraccionamiento artificial diseñado para eludir una evaluación ambiental completa y conjunta de todo el sistema.

Desde el colectivo insisten en que ambas infraestructuras forman parte de una única instalación, por lo que sus impactos deben evaluarse de manera unificada. Entre los aspectos que exigen analizar detalladamente se encuentran:

• Las emisiones atmosféricas derivadas de la combustión de la biomasa.
• El incremento del tráfico de camiones pesados para el suministro de combustible.
• La generación de ruido y la afección paisajística de las instalaciones.
• Las obras asociadas a la implantación de la red de distribución por la ciudad.
• Los efectos acumulativos de todos estos factores sobre el entorno urbano y rústico.

Garantías legales y participación pública

Ecologistas en Acción ha querido aclarar que no se opone a los procesos de descarbonización, siempre que las estrategias se diseñen con todas las garantías ambientales y respetando la participación de los ciudadanos. Sin embargo, sostienen que ningún proyecto, independientemente de sus beneficios teóricos, puede desarrollarse al margen de la ley.

Por todo ello, la organización ha solicitado formalmente la suspensión cautelar de toda la tramitación administrativa. Exigen que no se retome el proceso hasta que se asegure el acceso completo a la información pública y el proyecto se someta a la evaluación de impacto ambiental que exige la normativa vigente.