Una demanda contra Apple reabre el debate sobre trabajo infantil en las minas de la República Democrática del Congo
Francesca Rasetta
Defensora de los derechos humanos
El 25 de noviembre de 2025, la organización estadounidense International Rights Advocates (IRA) presentó una demanda contra Apple Inc. ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia en Estados Unidos. La acusación sostiene que Apple habría incurrido en prácticas de marketing falsas y engañosas al afirmar que sus productos utilizan minerales de forma responsable, mientras que parte de sus componentes provendrían de minerales extraídos en condiciones de explotación y de trabajo infantil en la República Democrática del Congo (RDC).
Los minerales en cuestión son el cobalto y el coltán, esenciales para las baterías y otros componentes electrónicos de dispositivos como móviles, tabletas y ordenadores. La demanda se interpone en nombre de consumidores del Distrito de Columbia bajo la District of Columbia Consumer Protection Procedures Act, una ley local que protege a los compradores frente a publicidad engañosa. En esencia, los demandantes sostienen que Apple no habría sido plenamente transparente con sus clientes sobre la verdadera procedencia de estos minerales y las condiciones en las que se extraen. Según la demanda, aunque la empresa declara públicamente su compromiso con las personas y el planeta, parte de su cadena de suministro estaría vinculada a graves vulneraciones de derechos humanos.
Este caso vuelve a poner el foco en un problema estructural y persistente: la explotación de trabajadores, incluidos niños, en las minas de minerales en la RDC, país que concentra más del 50 % de la producción mundial de cobalto. Una parte significativa de esta extracción procede de minas artesanales y de pequeña escala, donde las condiciones laborales son extremadamente precarias. En muchos casos los niños realizan tareas como transportar sacos de mineral que pesan más que ellos mismos, descender a túneles inestables sin equipos de protección o lavar minerales en ríos contaminados. Las consecuencias son graves: lesiones permanentes, enfermedades respiratorias por la exposición al polvo tóxico, derrumbes mortales y abandono escolar.
¿Cómo puede hablarse de «tecnología limpia» si su origen está marcado por la explotación infantil?
La demanda no es un caso aislado. Ya en 2019, familias congolesas interpusieron acciones legales contra empresas tecnológicas como Apple, Google y Microsoft, alegando que la demanda de cobalto estaba vinculada a lesiones graves y muertes de menores en minas congoleñas. En algunos procesos anteriores, tribunales estadounidenses determinaron que las compañías no podían ser responsabilizadas bajo determinadas leyes federales, lo que generó una intensa controversia y frustración entre organizaciones de derechos humanos.
La relación entre cadenas de suministro globales y derechos humanos es compleja, pero no por ello menos urgente. El cobalto es un componente clave en las baterías recargables que alimentan nuestros dispositivos cotidianos y también los vehículos eléctricos, pieza central de la transición energética. Sin embargo, esa transición no puede construirse sobre la vulneración de derechos fundamentales.
Este nuevo caso judicial contra Apple invita a reflexionar sobre el impacto real de nuestro consumo tecnológico. Los abusos denunciados como trabajo infantil, condiciones laborales peligrosas y explotación extrema, constituyen violaciones directas de derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la educación, a la salud y a la protección frente a la explotación económica.
Parte de la solución pasa por exigir mayor transparencia y mecanismos efectivos de diligencia debida a las grandes corporaciones, para que cumplan de manera verificable los compromisos éticos que proclaman. Al mismo tiempo existe una dimensión individual: comprar dispositivos únicamente cuando sea necesario, prolongar su vida útil y optar por productos reacondicionados cuando sea posible contribuye a reducir la presión sobre la extracción de nuevos minerales. Estas decisiones pueden parecer pequeñas frente a un problema global, pero forman parte de una responsabilidad compartida, porque detrás de cada batería hay una historia. Y la pregunta que permanece es si estamos dispuestos a exigir que esa historia no esté marcada por la explotación infantil.
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