La Junta de Castilla y León convoca subvenciones por un importe global de dos millones de euros para financiar proyectos de reactivación del comercio minorista de proximidad. Las entidades locales podrán solicitar estas ayudas, que cubrirán el 75 % del presupuesto, entre el 1 y el 14 de julio de 2026.
La Junta de Castilla y León ha convocado oficialmente una nueva línea de subvenciones destinada a la reactivación del comercio minorista de proximidad, dotada con un presupuesto global de dos millones de euros. La iniciativa busca fortalecer el tejido comercial local frente a los desafíos actuales.
Estas ayudas, publicadas este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), están dirigidas a las entidades locales de la comunidad autónoma. Los proyectos subvencionables podrán ser ejecutados de forma directa por los ayuntamientos y diputaciones o en colaboración con otras entidades.
El objetivo principal de la convocatoria es el fomento del consumo en los establecimientos de barrio, la promoción de la imagen comercial colectiva y la difusión de la oferta de proximidad. Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática a partir de este miércoles.
Las actuaciones que opten a la financiación deberán haberse desarrollado o planificado entre el 16 de octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. De este modo, se da cobertura a proyectos ya iniciados durante el presente ejercicio.
La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio financiará el 75 % del presupuesto aceptado para cada proyecto. No obstante, la administración regional ha establecido un presupuesto mínimo subvencionable de 20.000 euros por solicitud.
Los límites máximos de la subvención se distribuyen en función de la población y el tipo de entidad local solicitante:
El plazo para la presentación de las solicitudes es especialmente breve, extendiéndose desde el 1 al 14 de julio de 2026, ambos días inclusive. Las entidades interesadas deberán realizar el trámite de forma electrónica.
Todas las solicitudes deberán ir dirigidas formalmente a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, aportando la documentación técnica y económica que justifique la viabilidad del proyecto de reactivación comercial.