El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-Ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas. La medida permite la contratación temporal de relevistas, solucionando el bloqueo de la última reforma de pensiones.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto-Ley que desbloquea de forma definitiva la jubilación parcial para el personal laboral de todas las administraciones públicas. Esta medida responde a una demanda histórica liderada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que venía denunciando la paralización de este derecho.
La nueva normativa autoriza la contratación temporal del relevista en el sector público, una fórmula que hasta ahora resultaba inviable debido a las rigideces de la última reforma de pensiones. Con este cambio, se ofrece una solución transitoria para que los empleados públicos laborales puedan acogerse a esta modalidad de retiro.
El conflicto se originó tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2024, fruto del acuerdo entre el Gobierno, CCOO y UGT. Aquella regulación exigía que el contrato del relevista fuera indefinido y a tiempo completo, una condición incompatible con los procesos de selección de la administración pública.
Ante la imposibilidad de aplicar la norma en el empleo público, CSIF recurrió a la Justicia para defender los derechos de los trabajadores afectados. Los tribunales determinaron que los sindicatos firmantes del acuerdo no contemplaron las particularidades y limitaciones de la administración.
Asimismo, la justicia dictaminó que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para incorporar relevistas no constituía una herramienta adecuada. Esta situación de bloqueo obligó a buscar alternativas legislativas para evitar que el personal laboral perdiera este derecho consolidado.
Para solucionar el problema, la organización sindical presentó diversas enmiendas en el Parlamento al citado Real Decreto-ley 11/2024. La propuesta consistía en permitir los contratos temporales de relevo hasta que las plazas se cubran definitivamente por oferta de empleo público.
La resolución de este conflicto es el resultado de una intensa campaña de presión. El sindicato exigió una solución inmediata durante la negociación del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía.
En este contexto, los representantes sindicales mantuvieron una reunión clave el pasado 11 de diciembre con el ministro de Función Pública. En dicho encuentro se trasladaron formalmente las propuestas de reforma que ya se habían presentado en sede parlamentaria.
Posteriormente, el pasado 3 de marzo, la organización se dirigió de nuevo al Ejecutivo para reclamar medidas transitorias urgentes. La campaña culminó el pasado 11 de junio con una movilización en solitario frente al Ministerio de Hacienda.
A pesar de este avance para el personal laboral, el sindicato advierte de que mantendrá activas sus reivindicaciones. El objetivo prioritario ahora es extender esta modalidad de jubilación al personal funcionario y estatutario.
Este colectivo, que incluye a los profesionales del sector de la Sanidad, mantiene bloqueado su acceso a la jubilación parcial desde el año 2012. Aunque este recorte se eliminó formalmente en 2023, el derecho aún no ha sido restituido tras más de tres años.
La organización insiste en la necesidad de un marco regulatorio definitivo que garantice la igualdad de condiciones para todos los empleados públicos, independientemente de su régimen jurídico o sector de actividad.