Bomberos definen como un ‘cortijo’ la gestión del servicio y piden un parque profesional en Peñaranda

Los representantes de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUP) y de la plataforma autonómica han ofrecido este miércoles una charla abierta al público en el Teatro Calderón de Peñaranda. El objetivo principal ha sido detallar la actual situación del servicio de extinción de incendios en la provincia de Salamanca.

Durante la sesión, los ponentes han incidido en que la competencia de proteger a las personas y los bienes recae directamente sobre la Diputación de Salamanca. En este sentido, han exigido la apertura de un parque profesional en la ciudad que evite los actuales tiempos de respuesta, que pueden alcanzar los 45 minutos desde las instalaciones más cercanas.

El presidente de la CUP, Israel Naveso, ha respaldado las reivindicaciones de sus compañeros y ha dejado claro que los ciudadanos de Castilla y León tienen los mismos derechos que los del resto del país. "No vamos a permitir que haya un intrusismo profesional que se sustituya incumpliendo la ley a los profesionales por voluntariado", ha asegurado el representante sindical.

Uno de los puntos más críticos del encuentro ha sido la denuncia sobre cómo se ha gestionado históricamente el servicio en la ciudad y la provincia. Un vocal de la CUP en Castilla y León ha definido la situación previa en la zona como un "chiringuito" o "cortijo", refiriéndose a la forma irregular en la que operaban ciertos grupos de emergencias.

Según ha explicado detalladamente el portavoz, "había asociaciones de voluntariado que montaban empresas y se autogestionaban, querían gestionar ellos el servicio, y eso era una plaga". Esta práctica, que han calificado de totalmente ilegal, ha sido paralizada en los juzgados tras las denuncias de las asociaciones profesionales en localidades como Ciudad Rodrigo, Guijuelo o Vitigudino.

Los ponentes han recordado que la Ley de Voluntariado establece claramente que esta figura nunca puede sustituir al trabajo remunerado ni a las obligaciones de la administración. Han matizado que el voluntariado solo es comprensible en zonas de montaña muy alejadas para minimizar riesgos hasta la llegada de los profesionales, pero nunca para asumir intervenciones complejas como excarcelaciones o rescates en altura.

Tiempos de respuesta y dotación de efectivos

David Calvo, bombero de la Diputación de Salamanca, ha explicado que actualmente la institución provincial cuenta con cuatro parques profesionales ubicados en Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Villares de la Reina y Béjar. Sin embargo, ha advertido de que muchos puestos están cubiertos por interinos y el servicio resulta precario ante la falta de consolidación.

Sobre la situación específica de la comarca peñarandina, Calvo ha señalado el grave riesgo que suponen las distancias actuales. "El parque más cercano sería Villares de la Reina, que tarda unos 40 o 45 minutos en un vehículo pesado, o incluso 50, llegado el caso", ha detallado el profesional de emergencias.

Al ser preguntados sobre la posibilidad de contar con 19 efectivos en Peñaranda, Naveso ha considerado la cifra insuficiente. Ha recordado que en otras comunidades el mínimo por parque se sitúa entre 50 y 60 profesionales para garantizar intervenciones seguras con al menos ocho efectivos, frente a los dos o tres que acuden actualmente a los siniestros en la provincia salmantina.

Advertencia legal a los ayuntamientos

Ante la posibilidad de que los consistorios asuman el servicio mediante fórmulas no profesionales, los representantes sindicales han lanzado una advertencia directa a los alcaldes de la zona a los que se les ha ofrecido firmar convenios desde la institución provincial para delegar estas competencias.

"Como esos convenios se firmen, tanto a través de la Coordinadora de Bomberos como la Asociación de Bomberos de Castilla y León, vamos a denunciarlos y los responsables son ellos, que son los que firman", ha aseverado Naveso, instando a los responsables políticos a rechazar acuerdos que incumplan la normativa vigente.

Los responsables han querido trasladar a la ciudadanía que este servicio debe verse como una inversión vital y económica. Han recordado que una respuesta rápida no solo salva vidas en accidentes de tráfico o incendios en viviendas, sino que evita el cierre de industrias enteras, lo que en ocasiones ha abocado al paro a cientos de familias en la región.