La demanda de justicia gratuita sube un 1,7 % mientras cae el número de abogados de oficio
Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en España aumentaron un 1,7 % en 2025, superando los 1,15 millones de peticiones, mientras que el número de abogados del turno de oficio descendió a 38.871 profesionales. El Consejo General de la Abogacía Española denuncia la obsolescencia de los baremos retributivos y la falta de negociación real con el Ministerio de Justicia.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha trasladado al Ministerio de Justicia, en sucesivos encuentros, sus reivindicaciones para reformar el sistema de justicia gratuita, pero asegura que esas citas no han pasado de ser tomas de contacto: "Hay negociación cuando uno tiene una postura y otro tiene otra, y se busca un encuentro. Aquí simplemente hemos tenido reuniones", denunció el presidente del Consejo, Salvador González, durante la presentación del XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita.
El reproche llega en un momento delicado para el servicio, la ley que regula el turno de oficio cumple 30 años sin una revisión a fondo, y el Gobierno lleva tres años anunciando un proyecto de reforma que, según el Consejo, podría hacerse público en fechas próximas. A falta de ese texto, la Abogacía ha querido poner cifras sobre la mesa.
Un sistema que pierde profesionales mientras crece la demanda
Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita crecieron un 1,7% en 2025, hasta 1,15 millones, según el Observatorio, elaborado con datos de los 83 Colegios de la Abogacía. Es la séptima subida consecutiva tras el parón de la pandemia. Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran el mayor número de peticiones.
Frente a esa demanda al alza, la oferta se reduce. El número total de abogados colegiados en España sigue creciendo de 148.867 a 149.515, un 0,4% más. Sin emabrgo, los inscritos en el turno de oficio han caído de los 45.275 de 2020 a los 38.871 actuales, un descenso acumulado del 14,1% en cinco años, equivalente a uno de cada siete letrados que prestaban el servicio hace un lustro.
Honorarios que no se han movido con el IPC
González situó la raíz del problema en la actualización de los baremos: mientras los retrasos en los pagos son hoy "en general muy escasos", no comparables a los de épocas pasadas, los importes no se han revisado al ritmo del IPC en la última década y media, lo que en la práctica supone un deterioro silencioso de la retribución en varios territorios. Como ejemplo, citó procedimientos que se prolongan meses o años y que, pese a implicar desplazamientos y disponibilidad permanente del letrado, se pagan a 200 o 300 euros.
En la rueda de prensa se precisó que la retribución de un asunto del turno de oficio equivale, de forma orientativa, a un 25% del precio de mercado del mismo servicio prestado de forma privada. El sistema se divide en dos grandes bloques: la asistencia letrada a personas detenidas o privadas de libertad, que con frecuencia incluye también la atención a las víctimas del delito en los propios centros de detención, y la actuación del abogado de oficio en el resto de procedimientos judiciales.
El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo, Ángel Méndez, fue más allá y pidió directamente una nueva ley: "Tras 30 años, la ley está obsoleta. El sistema necesita una reforma profunda que garantice su futuro. No es razonable exigir un servicio público esencial del siglo XXI con una financiación anclada en parámetros del pasado".
Más fondos, pero con fuertes diferencias autonómicas
La inversión pública en justicia gratuita sí creció en 2025, un 3,2%, hasta superar los 355,9 millones de euros, impulsada por la subida de baremos en una docena de comunidades. Cataluña fue la región que más invirtió (48,4 millones), seguida de Madrid (42 millones), Valencia (36 millones) y Andalucía (30 millones), aunque los mayores crecimientos porcentuales se dieron en Aragón (17,8%) y La Rioja (12,3%).
Las diferencias territoriales en los baremos son notables, por un procedimiento penal abreviado, el Ministerio (zona común) abona 291 euros, frente a los 442,21 euros que paga Galicia o los 440 euros de la Comunidad Valenciana.
Un blindaje europeo para la profesión, en paralelo
La presentación del informe coincidió con otro anuncio del Consejo, España firmó ayer en Estrasburgo el convenio del Consejo de Europa para la protección de la abogacía, un tratado ya suscrito por 34 países que ampara el ejercicio libre de la profesión frente a presiones o injerencias, dentro y fuera de la sala. El texto entra ahora en fase de ratificación, previsiblemente encabezada por la Unión Europea, y crea dos órganos de supervisión: uno de expertos y otro con un representante de cada Estado firmante.
Quién tiene derecho a la justicia gratuita
El acceso al servicio se determina valorando la situación económica, patrimonial, personal y familiar del solicitante, a través de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de cada Colegio. Además de quienes acreditan carecer de recursos suficientes, tienen derecho a la Justicia Gratuita, con independencia de su nivel de ingresos, las víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos, los trabajadores que defienden sus derechos laborales y de Seguridad Social, y los menores o personas con discapacidad intelectual o psíquica que hayan sufrido abuso o maltrato.
"La fortaleza de una democracia se mide por cómo protege a los más vulnerables. Esa protección la garantizan cada día los abogados y abogadas del Turno de Oficio. Si queremos preservar nuestro Estado de derecho, ha llegado el momento de pasar del reconocimiento a la acción", concluyó González.
