Aulas en la provincia de Salamanca que sextuplican el límite de gas radón sin que se tomen medidas
Aulas que sextuplican el límite de gas radón sin que se tomen medidas. Fotos de Miguel González
CCOO ha denunciado públicamente la inacción de la Junta de Castilla y León ante la presencia de gas radón en centros públicos de la provincia de Salamanca. El sindicato alerta de que numerosos colegios y centros sanitarios superan ampliamente los límites legales sin que se apliquen medidas correctoras.
El sindicato CCOO - Área Pública ha denunciado públicamente los graves incumplimientos de la Junta de Castilla y León en materia de prevención contra el gas radón. Este elemento radiactivo y cancerígeno afecta de manera directa a 233 localidades de la provincia de Salamanca, situándola en el epicentro de esta problemática sanitaria.
Los representantes sindicales han alertado de que numerosos centros educativos y sanitarios superan con creces el límite legal permitido. A pesar de la gravedad de la situación, la Administración autonómica no ha implementado hasta la fecha ninguna medida correctora para proteger a los trabajadores y usuarios de estas instalaciones públicas.
El radón es un gas radiactivo de origen natural, tóxico e imperceptible, que tiende a acumularse en espacios cerrados como plantas bajas y sótanos. Desde el sindicato recuerdan que este gas representa la segunda causa de cáncer de pulmón por detrás del tabaquismo, siendo la primera en personas no fumadoras.
La provincia de Salamanca es la más afectada de toda la comunidad autónoma, concentrando 233 de las 521 localidades afectadas en Castilla y León. Por detrás se sitúan Zamora con 63 municipios, Segovia con 51 y León con 23, evidenciando la magnitud del problema en el territorio salmantino.
Niveles alarmantes en centros educativos
El responsable de Salud Laboral de Enseñanza en Castilla y León, Jose Manuel Ramos Sánchez, ha revelado datos preocupantes sobre la situación en colegios e institutos. Según las últimas mediciones aportadas por la propia Junta, existen centros en Salamanca que alcanzan los 1.920 becquerelios por metro cúbico, cuando el límite legal es de 300.
El caso más extremo se localiza en La Alberca, donde los niveles han ascendido de los 1.600 becquerelios registrados en 2023 a los 1.920 actuales. Esta situación de riesgo se extiende por las comarcas de Las Arribes, Ciudad Rodrigo, la Sierra de Francia y la Sierra de Béjar.
Entre los centros señalados por el sindicato se encuentran el centro de educación de adultos Mateo Hernández de Béjar, con 1.400 becquerelios, y el colegio de Villar de Ciervo, con 1.100. En estas instalaciones, docentes, personal laboral y alumnos de apenas tres años trabajan en entornos que quintuplican y sextuplican la tasa permitida.
Falta de controles en el sector sanitario
Por su parte, el responsable de Salud Laboral de Sanidad, David San Frutos Sanz, ha detallado el impacto de esta exposición en el ámbito sanitario. En las zonas de riesgo desarrollan su actividad diaria 20.421 profesionales, de los cuales 15.664 corresponden a atención especializada y 4.757 a atención primaria.
El sindicato critica la escasez de controles realizados por la administración. De los 2.307 centros sanitarios ubicados en las provincias afectadas, únicamente se han realizado mediciones en 87 centros, lo que representa un escaso 3,8 % del total. En la provincia de Salamanca, solo se han evaluado 36 instalaciones.
Esta falta de control afecta no solo a los trabajadores expuestos durante años, sino también a los pacientes ingresados por más de dos días o que permanecen más de 50 horas al año en estos centros de salud y hospitales.
Deficiencias en los protocolos de medición
La responsable de Salud Laboral del Sector Autonómico, Raquel Martín Domínguez, ha puesto el foco en las deficiencias detectadas durante el proceso de medición. Aunque la normativa del Consejo de Seguridad Nuclear exige colocar los dispositivos a una altura de entre 50 centímetros y 9 metros, y separados al menos 30 centímetros de las paredes, la realidad es muy distinta.
Según ha denunciado Martín, se han encontrado medidores colgados directamente en pizarras o estanterías pegadas a la pared, así como dispositivos instalados en el techo o a ras de suelo. Estas irregularidades comprometen la fiabilidad de unos registros que deben realizarse obligatoriamente entre el 1 de octubre y el 31 de mayo.
Ante la pregunta de si se ha intervenido en algún edificio público para solucionar este problema, los representantes de CCOO han asegurado que la Junta nunca ha aplicado medidas correctoras. El sindicato insiste en que existen soluciones técnicas viables, como la mejora de la ventilación natural, el sellado de grietas en el subsuelo o la instalación de sistemas de extracción.
