La plataforma vecinal Cuidamos Villamayor, respaldada por Stop Biogás Tornadizos, se ha concentrado ante la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca para exigir la dimisión de su titular, Eloy Ruiz. Los afectados denuncian la persistencia de problemas de salubridad tras 20 meses de promesas incumplidas y reclaman la paralización de los proyectos de biometano en la provincia.
La sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca ha sido el escenario esta mañana de una concentrada protesta ciudadana. Decenas de vecinos, convocados por la plataforma Cuidamos Villamayor, han alzado la voz para exigir soluciones inmediatas a los graves problemas de salubridad que arrastra el municipio.
Durante la movilización, los asistentes han coreado consignas dirigidas al máximo representante de la administración autonómica en la provincia, Eloy Ruiz, reclamando su dimisión inmediata. Los gritos de "¡Eloy, dimisión!" y "¡Villamayor quiere solución!" han marcado una jornada de profunda indignación vecinal.
El colectivo ha estado respaldado por la plataforma Stop Biogás Tornadizos, escenificando un frente común contra la proliferación de plantas de biometano en la provincia. Ambas agrupaciones denuncian la falta de transparencia y el impacto que estas instalaciones proyectadas tienen sobre la calidad de vida de los núcleos rurales.
Los portavoces han procedido a la lectura de un manifiesto donde detallan un historial de promesas incumplidas por parte de la Junta. Los afectados aseguran que su paciencia se ha agotado tras acumular casi dos años de retrasos administrativos y expedientes que "se eternizan" sin ofrecer mejoras reales.
El manifiesto leído durante la concentración expone de forma detallada la pérdida de confianza en la gestión de Eloy Ruiz. Los vecinos recuerdan que en septiembre de 2024 mantuvieron una reunión con la Delegación Territorial en la que aportaron informes, documentación y la resolución del Procurador del Común.
En aquel encuentro, la administración se comprometió a solucionar los problemas de olores en un plazo de tres meses, fijando el límite en diciembre de 2024. Posteriormente, el compromiso se pospuso a marzo de 2025. Veinte meses después de aquella cita, los residentes denuncian que los malos olores persisten y que siguen sin poder abrir las ventanas con normalidad.
Asimismo, critican que la Autorización Ambiental Integrada publicada en julio de 2025, que establecía nuevas obligaciones y medidas correctoras en un plazo de seis meses, ha vencido sin que se perciba una mejora real. "Las decisiones políticas están contribuyendo a dilatar un proceso que debería haberse resuelto", lamenta el colectivo.
Ante la persistencia del problema, que afecta a Villamayor, Salamanca, Doñinos y al resto del alfoz, la plataforma exige la adopción inmediata de medidas cautelares eficaces. El colectivo insta al delegado territorial a permitir actuar a los técnicos de la Junta y a trasladar a la Fiscalía las posibles deficiencias detectadas en las auditorías de la empresa responsable.
Los vecinos recuerdan que la salud de miles de personas debe estar por encima de cualquier interés económico o político. Por ello, reclaman que se apliquen todas las herramientas previstas en la normativa vigente, tal y como recogía la resolución número 134/2023 del Procurador del Común, emitida en julio de 2024.
"No venimos a pedir favores, venimos a exigir que se cumpla la ley y que las medidas ambientales dejen de ser papel mojado", reza el manifiesto. La plataforma advierte de que, si las administraciones no actúan, continuarán movilizándose y acudirán a los tribunales de justicia para defender sus derechos.
Otro de los pilares de la protesta es el rechazo absoluto a la proyectada planta de biometano en Doñinos de Ledesma y a la proliferación de proyectos similares en la provincia. Los colectivos muestran su preocupación por la cercanía de estas instalaciones a los cascos urbanos y la consecuente pérdida de calidad de vida de los habitantes.
La plataforma Stop Biogás Tornadizos y Cuidamos Villamayor alertan de que estos proyectos se imponen sin participación ciudadana ni consenso. Entre los municipios que consideran amenazados por la falta de control en este tipo de industrias destacan:
Los manifestantes se preguntan qué garantías reales ofrecerán las administraciones cuando estas instalaciones comiencen a multiplicarse por el territorio salmantino si actualmente son incapaces de controlar los focos de contaminación existentes.
El manifiesto concluye con una petición directa al Gobierno autonómico para que mire hacia otras comunidades. En concreto, exigen que Castilla y León adopte una medida similar a la tomada por la Junta de Castilla-La Mancha la semana pasada, consistente en la paralización temporal de todos los proyectos de biogás y biometano.
Esta suspensión en la comunidad vecina se mantendrá hasta que se consensue una regulación clara y garantista para este tipo de instalaciones. Los colectivos salmantinos consideran indispensable este paso para asegurar que el interés general prevalezca sobre los beneficios particulares de las empresas promotoras.