Prioridad nazi

La llamada “prioridad nacional”, convertida en exigencia irrenunciable de Vox y asumida por gobiernos autonómicos del Partido Popular, representa una de las mayores degradaciones morales del debate político español, porque no se trata de una propuesta administrativa ni de un criterio técnico para gestionar recursos públicos, sino que es una concepción profundamente discriminatoria de la sociedad, una idea basada en que existen seres humanos con más derechos que otros por su origen, nacionalidad o “arraigo” y eso conecta con las peores realidades de la Europa del pasado siglo.

Los acuerdos firmados entre PP y Vox en comunidades como Extremadura, Aragón o ahora Castilla y León, han incorporado literalmente esa aberración llamada “prioridad nacional”, que habla de “asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, una simulada descripción de “los españoles primero” en ayudas sociales, vivienda pública, subvenciones o servicios públicos, que restringe el acceso de inmigrantes a prestaciones sociales básicas como la sanidad, la dependencia o la educación, o exigencias que avergüenzan como la exigencia de años mínimos de residencia para acceder a vivienda pública, la eliminación de ayudas a ONG que trabajan con inmigrantes y restricciones adicionales a personas extranjeras.

El lenguaje aparentemente aséptico del “arraigo”, la “sostenibilidad” o la “protección de los servicios públicos”, apenas oculta el fondo ideológico que señala al inmigrante como sospechoso y competidor ilegítimo y amenazante para quienes “pertenecen” al país: exactamente el mismo mecanismo político y emocional que históricamente han utilizado y utilizan todos los movimientos ultranacionalistas europeos.

Es especialmente inquietante que estas “ideas” de exclusión y desigualdad, la “prioridad nacional”, sean apoyadas por una parte de la ciudadanía que asume con naturalidad discursos de descarte humano profundamente reaccionarios. Y más inquietante, y doloroso, saber que muchos de quienes aplauden -y votan- estas políticas son personas que, sin esfuerzo ni mérito alguno por su parte, disfrutan de ayudas públicas, subsidios, sanidad universal, pensiones o protección social financiada colectivamente, y que, aun así, parecen convencidos de poseer una especie de superioridad moral o preferencia legítima por la circunstancia, también ajena a su voluntad, decisión, mérito o esfuerzo, de haber nacido aquí y no allá.

El valor de una democracia no se mide por cómo trata a quienes tienen poder, sino por cómo trata a quienes carecen de él. Culpar al extranjero de las propias frustraciones es la forma más sencilla (y cobarde) de evitar señalar las verdaderas causas estructurales de la desigualdad, porque sabemos, o deberíamos saber, que la vivienda no es inaccesible por culpa de inmigrantes pobres sino por la avaricia especulativa de muchos propietarios; que los salarios no se precarizan porque una persona extranjera recoja fruta o limpie hoteles, sino por la tendencia usurera y explotadora de no pocos empresarios; que la sanidad pública no colapsa porque atienda inmigrantes, sino por años de recortes, privatizaciones y deterioro deliberado de los servicios públicos.

Existen alternativas, claro que existen: políticas basadas en la integración social, el fortalecimiento de los servicios públicos, la regularización ordenada de trabajadores que ya sostienen sectores enteros de la economía, la persecución de la explotación laboral y las mafias; mecanismos de cooperación europea para la acogida y distribución de personas migrantes (y nunca la creación de esos “novedosos” y escalofriantes gulags que la Unión Europea propone).Políticas de inversión en vivienda pública, de garantizar la igualdad de acceso a derechos básicos, de combatir los guetos urbanos mediante políticas de cohesión social y de exigir condiciones laborales dignas que impidan utilizar la inmigración como herramienta de precarización salarial. El problema nunca ha sido el inmigrante pobre; el problema es quien se beneficia de enfrentar a pobres contra pobres.

Necesitamos políticas y decisiones racionales y humanas para enfrentar los retos de la inmigración y la igualdad, la integración y, en definitiva, la justicia. Pero, sobre todo, necesitamos aprender, o aprender a recordar, que ningún ser humano vale más que otro, porque si olvidamos eso, o lo desaprendemos, habremos perdido la referencia moral que puede mantenernos dignos frente al fantasma del fascismo que vuelve a recorrer Europa.