Sentencia pionera en Salamanca contra la Administración Autonómica por abuso de temporalidad laboral
Foto de archivo de la Audiencia Provincial de Salamanca
La sentencia, lograda por los servicios jurídicos de UGT, es pionera en la Comunidad al declarar fraudulenta la relación de un trabajador interino desde 2011 y ordenar la intervención de la Inspección de Trabajo.
El sindicato UGT Castilla y León (UGTCyL) ha logrado una resolución judicial pionera en la Comunidad al ganar la primera sentencia que condena a la administración autonómica a indemnizar a un trabajador por daños morales debido al abuso de la temporalidad. El fallo judicial estima la demanda interpuesta contra la Junta de Castilla y León tras el despido de un empleado público en Salamanca.
La demanda fue tramitada a través de los Servicios Jurídicos de Salamanca de la organización sindical, en representación de un trabajador del Servicio Territorial de Medio Ambiente, organismo dependiente del Gobierno autonómico. El afectado venía prestando sus servicios para la administración desde el año 2011 mediante contratos temporales de interinidad.
La situación laboral del empleado cambió en 2026, año en el que la plaza que ocupaba fue finalmente adjudicada a otro profesional tras la resolución de un proceso selectivo. Este hecho motivó la reclamación judicial por parte del sindicato ante el abuso continuado de la contratación temporal.
En la resolución del caso, el Tribunal de lo Social de Salamanca ha determinado que "la relación laboral fue fraudulenta por abuso de la temporalidad, ya que el trabajador ocupó la plaza durante más de tres años sin cobertura definitiva", según ha detallado el responsable de los Servicios Jurídicos de UGTCyL, Alberto Lozano.
Además de declarar el fraude en la contratación, la sentencia reconoce de forma novedosa el derecho del afectado a percibir una "indemnización adicional por daños morales por el abuso de la temporalidad". De este modo, la Junta de Castilla y León queda obligada a compensar económicamente al trabajador por los perjuicios derivados de la prolongada inestabilidad laboral.
El fallo judicial no solo establece la obligación de indemnizar, sino que el Tribunal de lo Social de Salamanca ha ordenado remitir las actuaciones a la Inspección de Trabajo. Este organismo deberá evaluar el caso de cara a una posible sanción administrativa contra la administración autonómica por el incumplimiento de la normativa laboral vigente en materia de temporalidad.
