El feminicidio sistemático en la República Democrática del Congo

Carla González Miguel

Defensora de los derechos humanos

El 27 de enero de 2025, la ciudad de Goma, en el noreste de la República Democrática del Congo, fue el escenario de una pesadilla que la humanidad parece resistirse a mirar. Tras la toma de la ciudad por el movimiento rebelde M23, el caos se apoderó de la prisión central de Muzenze. Durante la fuga de más de 4.000 presos, se desató un horror sistemático: al menos 163 mujeres reclusas fueron violadas y, posteriormente, quemadas vivas. Según informes de la misión de paz de la ONU (Monusco) y presentados ante el comité CEDAW en Ginebra, apenas una decena de mujeres logró sobrevivir al ataque.

Este episodio no es un hecho aislado. Es una de las manifestaciones de una estructura de violencia de género que asola el país hace tres décadas. En la RDC, la violación no es un efecto colateral de la guerra; es el arma más eficaz del arsenal de los grupos armados.

«Los grupos armados libran la guerra sobre el cuerpo de la mujer para convencer a la población de que se rinda. Al destruir a una mujer, se desestabiliza a toda la comunidad», explica la abogada congoleña Caddy Adzuba. Esta estrategia busca quebrar el tejido social desde su base. Con una estadística aterradora —una mujer violada cada cuatro minutos—, el trauma ha dejado de ser individual para volverse generacional.

La raíz de esta violencia es económica y global. La región de los Kivus es rica en coltán, cobalto y oro, minerales esenciales para la tecnología que el resto del mundo consume a diario. «Nosotras nunca hemos visto el coltán, pero se nos mata por él», denuncia Marie Lucia Monsheneke, cofundadora de Famek Elkartea. La conexión es directa: la inmensa riqueza mineral financia a los grupos armados que, lejos de la capital Kinshasa, imponen su ley mediante el terror sexual. Como señala la activista Kuma: «Nuestra obligación es que la sociedad sea consciente de lo que hay detrás de un iPhone».

La guerra ha forzado a más de 5,6 millones de personas a abandonar sus hogares, una cifra récord en el continente africano. En este éxodo, las mujeres y niñas son las más vulnerables. Muchas se ven obligadas a aceptar abusos sexuales para proteger a sus hijos del secuestro o del reclutamiento como niños soldado. La pobreza extrema derivada del conflicto ha resucitado prácticas como el matrimonio infantil, utilizado por familias desesperadas como una moneda de cambio para aliviar crisis financieras.

Aquellas que logran sobrevivir a la agresión física se enfrentan a un vacío desolador. Una mujer en el Congo puede ser violada por varios hombres y sobrevivir solo para enfrentar secuelas psicológicas permanentes, estigma social y la pérdida total de sus medios de vida.

La respuesta internacional ha sido insuficiente. Aunque Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto sanciones a figuras clave como el exgeneral James Kabarebe, las congoleñas en el exilio piden medidas más contundentes que frenen la impunidad de los grupos armados.

En medio de este panorama, figuras como Mushigo, coordinadora de la organización Synergie des Femmes, ven una luz en el liderazgo femenino local. A pesar de que las leyes de paridad suelen quedarse en el papel y de que las mujeres siguen infrarrepresentadas en los órganos legislativos, ellas ya son líderes de facto en sus comunidades. «Ellas dan soluciones a problemas concretos», afirma Mushigo. El reto actual es que ese liderazgo social se traduzca en poder político real para que el Gobierno entienda, finalmente, que la protección de las mujeres no es una opción, sino la única vía para la paz.

Mientras el mundo sigue demandando minerales, el precio se está pagando con la vida y la dignidad de las mujeres congoleñas. Alzar la voz por ellas no es solo un acto de solidaridad, es una exigencia de justicia global.