Crónica de una cruel venganza

Transcurría el verano del año 2000 y José Luis Rodríguez Zapatero ganó -contra todo pronóstico- las primarias para ser secretario general del PSOE y candidato a presidencia del gobierno en las elecciones generales de 2004. Los sectores oficialistas del “aparato” del PSOE sufrieron una severa derrota y la militancia de base recuperó la ilusión que se había perdido años atrás cuando Borrell –que había ganado las primarias a Joaquín Almunia- tuvo que dimitir porque “el aparato” que lideraban, entre otros, Felipe González, le hizo la vida imposible. En las Elecciones Generales de 2000 el PSOE sufrió una escandalosa derrota y Joaquín Almunia presentó la dimisión. Meses más tarde Zapatero se imponía en las primarias, entre otros a José Bono –a quién apoyaban esos sectores oficialistas- y, con su victoria, el PSOE comenzó a remontar en las encuestas. Hasta el punto que sentó muy mal en el PP del “todopoderoso Aznar”, que Zapatero se “sacara un conejo de la chistera” con interesantes pactos como el “Pacto Antiterrorista” de noviembre de 2000 y que Aznar firmó yendo un poco a remolque.

En las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004, el PP de Aznar no aceptó la derrota sufrida ante ZP y el PSOE y, desde entonces, el propio Zapatero fue un enemigo a batir, una pieza de caza que todos los matarifes conservadores y ultraconservadores querían abatir –entre los que estaba Aznar, M. Rajoy y todos los que después han sido imputados y condenados por corrupción- porque las consecuencias de aquélla derrota se convirtieron en “odio visceral” hacia todo lo que representaba Zapatero y el PSOE. Curiosamente, toda aquélla pléyade de gobernantes conservadores fue imputada y condenada por corrupción excepto -¡Qué casualidad!- sus jefes: Aznar, M. Rajoy, Esperanza Aguirre o María Dolores de Cospedal, que se libraron, a pesar de los “oscuros” negocios que ha llevado Aznar, su esposa, su hija y su yerno; fondos buitre, lobbies mil millonarios en todas partes del mundo y que si la justicia fuera justa, independiente, coherente e imparcial, ya habría actuado contra ellos, estoy completamente seguro. Pero la “guerra judicial”, ahora bautizada groseramente “el que pueda hacer que haga contra todos los líderes de la izquierda, gobernantes y no gobernantes”, lo ha impedido porque ese “adagio” se convierte en “no hacer nada contra los dirigentes conservadores, sólo contra los socialistas, comunistas y separatistas”.

Es cierto, por otra parte, que los ex presidentes de gobierno que lo han sido desde la reimplantación del sistema democrático con la Transición que viven, han asumido atribuciones poco transparentes y la inmensa mayoría de ellas muy bien retribuidas; emolumentos que estoy seguro que han eludido a la Hacienda Pública y muchas de ellas pueden haber sido destinadas a empresas fantasma y a paraísos fiscales. El ejemplo lo tenemos con multitud de operaciones económicas sospechosas y oscuras realizadas por el rey emérito Juan Carlos I: cobro de comisiones internacionales, uso de tarjetas opacas, fundaciones en paraísos fiscales o donaciones millonarias, son actuaciones de las que hay informes de la Agencia Tributaria e investigaciones de la Fiscalía. Bien es cierto que la CE establece que la figura del rey es inviolable y que no está sujeta a responsabilidad – qué pena que una constitución política de un Estado Social y Democrático de Derecho mantenga esos privilegios ancestrales a la Corona-, pero el rey emérito lleva ya más de una década sin ejercer el reinado porque abdicó en nombre de su hijo Felipe, heredero de la corona.

Con independencia de todo esto, resulta sorprendente que Zapatero sea el primer ex presidente que la justicia haya decidido investigar como presunto responsable de conductas delictivas relacionadas con la corrupción política y económica. Con los antecedentes descritos en los párrafos anteriores, es paradójico que los lobbies a los que han estado y están adscritos otros ex presidentes, como Felipe González o Aznar, no hayan sido denunciados ni la justicia le haya interesado investigar. La derecha y la ultra derecha tienen sus propias armas y ponen en conocimiento de los tribunales cualquier actuación de los gobiernos de izquierdas, todas, porque consiguen los recursos económicos necesarios para abonar cantidades mil millonarias a letrados y procuradores que activan denuncias y querellas ante los órganos jurisdiccionales.

Por su parte, los casos de corrupción que han anidado en las filas de la derecha y la ultraderecha: Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen y un largo etcétera, han tardado lustros en sustanciarse definitivamente en los tribunales de justicia, mientras lo que ahora se está investigando judicialmente y por lo que ha sido declarado investigado Zapatero, son de hace tan sólo 4 años: rescate de la compañía aérea Plus Ultra. En cambio, las modificaciones legislativas para favorecer tributariamente a amigos de los gobiernos del PP impulsadas presuntamente por Cristóbal Montoro, llevan décadas guardadas en cajones de los juzgados. Lo mismo ha ocurrido con otros casos de corrupción lamentables protagonizados por líderes del PP: recordemos en caso denominado “Perla negra”, una de las mayores tramas de corrupción urbanística en Castilla y León, que giró en torno al sobrecoste millonario y las irregularidades en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de la Junta en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Estas irregularidades ocurrieron entre 2005 y 2011 y la sentencia condenatoria se ha producido hace tan solo un año. ¿no pueden calificarse como “lawfare” estas maniobras judiciales dilatorias? Y en el caso de la imputación de Zapatero, la del ex Fiscal General del Estado y la condena posterior o la no imputación de M. Rajoy por Gürtel, la caja B del PP o la operación Kitchen. ¿no se puede hablar también de “lawfare”? A mayor abundamiento, ¿la información privilegiada que tienen los miembros del PP, especialmente el jefe de gabinete de Ayuso, MAR, que, además, va chuleando en las redes sociales diciendo que tiene “información privilegiada” y que van a ir palante todos incluido el presidente Sánchez, no es también “lawfare”?

El daño que le están haciendo al sistema democrático los líderes de la derecha y la ultra derecha y sólo por la obsesión de conseguir acceder al poder a cualquier precio puede ser incalculable. Solo los ciudadanos podemos revertir esta situación, aunque, quizá, cuando nos demos cuenta realmente, puede ser demasiado tarde. ¡Al tiempo!