La resolución elimina la obligación de inscripción centralizada, una decisión que ha sido celebrada por la asociación salmantina AESVAT por reducir la burocracia y la inseguridad jurídica.
El alto tribunal deja sin efecto el Registro Único de Arrendamientos (RUA) creado por el Gobierno central para controlar la oferta en plataformas digitales. La sentencia determina que la normativa estatal vulneraba las atribuciones de las comunidades autónomas, lo que supondrá una reducción de la carga burocrática para los propietarios locales.
El fallo, fechado el pasado 19 de mayo de 2026, responde a los recursos presentados por varias comunidades autónomas contra los preceptos del Real Decreto 1312/2024. Esta normativa obligaba a los titulares de viviendas turísticas a inscribirse en un censo estatal para poder comercializar sus alojamientos a través de internet.
Los magistrados han concluido que el Estado "carece de competencias para imponer una regulación exhaustiva que invade las atribuciones autonómicas". De este modo, la justicia respalda un modelo descentralizado acorde con el reparto competencial vigente en materia de vivienda y turismo.
El Registro Único de Arrendamientos se puso en marcha en 2025 con el objetivo de combatir el fraude y aumentar la transparencia. Sin embargo, en la práctica, el sistema se superponía a los registros autonómicos ya existentes, lo que generaba duplicidades y cargas administrativas adicionales para los propietarios de apartamentos y viviendas de uso turístico (VUT).
La decisión judicial ha sido recibida con satisfacción por la Asociación de Empresarios Salmantinos de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AESVAT), entidad que agrupa a los profesionales del sector en la provincia y que está integrada en CEOE CEPYME Salamanca y en la federación regional FEVACYL.
La presidenta de la agrupación, Teresa Majeroni, ha asegurado que "esta resolución evidencia que el excesivo intervencionismo no solo no resuelve los problemas del mercado, sino que genera duplicidades, inseguridad jurídica y frena la actividad económica".
En este sentido, la representante del sector local ha añadido que apuestan por una regulación "proporcionada, coordinada y respetuosa con las competencias territoriales", que permita a esta actividad "seguir generando riqueza y oportunidades en ciudades como Salamanca".
La anulación del RUA supone la eliminación inmediata de la obligación de registrar las propiedades a nivel estatal. A partir de ahora, el control y la ordenación de los alojamientos quedará limitado exclusivamente a la legislación autonómica, reduciendo la burocracia para los gestores.
Esta sentencia se suma a otras decisiones recientes del Tribunal Supremo orientadas a reforzar la seguridad jurídica del sector y limitar las restricciones sobre la actividad económica. Cabe recordar que, en 2025, el alto tribunal ya estableció que el uso turístico de las viviendas no puede prohibirse si no existe una mención expresa en los estatutos de las comunidades de propietarios.
Desde AESVAT han reiterado su compromiso con un modelo basado en la colaboración institucional y la profesionalización del sector para mantener el alquiler turístico como un motor económico local.