UGT, CSIF y CCOO, unidos en avalar el Convenio Laboral del Ayuntamiento y rechazar las críticas: “no es un arma para el debate político”

Antonio Cruz de UGT, Jesús Cobaleda de CSIF, y Jesús María López de CCOO son los tres responsables sindicales que firman un comunicado conjunto remitido a BRACAMONTE AL DÍA y destinado a la atención de la opinión pública y los grupos municipales del Ayuntamiento de Peñaranda.

Un documento, que reproducimos íntegramente, en el que manifiestan su parecer y detallan el proceso llevado a cabo para fijar el Convenio Colectivo de los trabajadores del Ayuntamiento y la polémica generada tras la última denuncia realizada por el Partido Popular, que finalizaba en un intenso debate en Pleno con la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila.

Ante las recientes declaraciones del Grupo Municipal Popular sobre el Convenio Colectivo del personal laboral y el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios, las secciones sindicales de UGT, CCOO y CSIF deseamos aclarar los hechos y desmentir las informaciones que están generando una alarma injustificada.

1. Sobre el Convenio Colectivo del Personal Laboral

Queremos dejar meridianamente claro que el Convenio Colectivo del personal laboral no ha sido impugnado por nadie. Goza de plena vigencia, cumple rigurosamente con la legalidad vigente y representa un excelente marco de condiciones para los trabajadores. Está publicado y en vigor desde su aprobación, sin que exista sombra de duda alguna sobre su validez jurídica.

2. Sobre el Acuerdo Regulador de los Funcionarios: ¿Interpretación o ilegalidad?

Respecto al Acuerdo regulador de los funcionarios, el documento está publicado y es legal, estando vigente en la práctica totalidad de su articulado. La intervención de la Abogacía del Estado no responde a una vulneración de la legalidad, sino a una discrepancia interpretativa.

La Abogacia sostiene una visión restrictiva del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) respecto a la negociación colectiva. Sin embargo, desde estos sindicatos defendemos el objetivo legítimo de igualar los derechos de los funcionarios a los derechos del personal laboral, que son más amplios.

Esta controversia jurídica no está cerrada; el Tribunal Supremo no ha dictado una doctrina unificada y existen numerosas sentencias que avalan posturas en ambos sentidos. De hecho, existen otros ayuntamientos, de todas las orientaciones políticas, que han aprobado acuerdos que mejoran los derechos de los funcionarios exactamente como pretendíamos nosotros, entendiendo, como nosotros, que el personal que trabaja en un mismo Ayuntamiento debe tener los mismos derechos.

3. Sobre la supuesta "inferioridad" de los derechos: una crítica basada en el desconocimiento legal

Resulta especialmente grave que nos acuse de "empeorar derechos" al acuerdo basándose en una lectura desactualizada de la norma. Es necesario recordar que este acuerdo se firmó en junio de 2025, fecha anterior a la entrada en vigor de las últimas reformas legislativas en materia de conciliación laboral (como el Real Decreto-ley 9/2025, que amplió los permisos de maternidad y paternidad, y las actualizaciones en los permisos por fuerza mayor derivados de la Ley de Familias).

Es un principio básico del Derecho Laboral, regulado por el principio de jerarquía normativa, que toda ley superior prevalece sobre lo pactado en un convenio o acuerdo regulador. Cuando una norma de rango superior (como el Estatuto de los Trabajadores o las recientes leyes de conciliación) incrementa derechos, estos se aplican de forma automática y directa a todos los trabajadores, independientemente de lo que figure en un texto escrito con anterioridad.

Por tanto, acusar al acuerdo de "establecer condiciones inferiores" es un error técnico que denota un profundo desconocimiento del funcionamiento del derecho laboral: los artículos publicados y actualizados por el BOE prevalecen siempre sobre cualquier texto convencional. El acuerdo no ha

"empeorado" derechos; simplemente refleja la legalidad vigente en el momento de su firma, legalidad que, por imperativo legal, se ha visto mejorada automáticamente por las nuevas normativas estatales.

4. Sobre la decisión de no continuar con el contencioso

Ante la impugnación, el Ayuntamiento decidió, contra el criterio de estos sindicatos - que estábamos dispuestos a defender nuestro acuerdo en los tribunales, no continuar con el procedimiento judicial.

El Ayuntamiento valoró factores de prudencia económica y gestión:

• El acuerdo afecta únicamente a 13 funcionarios. frente a los 109 empleados del Convenio Colectivo.

• La inmensa mayoria del acuercio cumple con el criterio de la Abogacia.

• Ante la alta probabilidad de que, aun ganando en primera instancia, el proceso se alargara durante años en sucesivas instancias judiciales hasta llegar al Supremo. el equipo de Gobierno optó por evitar costes innecesarios que gravarían las arcas públicas.

5. Sobre la acusación de "improvisación"

Resulta sorprendente y decepcionante escuchar acusaciones de "improvisación" y "falta de rigor". realidad es que esta negociación se ha prolongado durante más de tres años. Durante todo ese tiempo, toda los documentos de la negociación colectiva ha estado a disposición de todos los concejales de Peñaranda. Es fácil criticar un trabajo complejo cuando no se ha tenido el interés de seguirlo desde sus inicios.

Desde UGT, CCOO y CSIF, rechazamos cualquier intento de utilizar la labor sindical y la negociación de derechos laborales como arma arrojadiza en el debate político. Nuestra única voluntad ha sido, es y será trabajar por la justicia laboral y la igualdad de derechos entre todos los trabajadores municipales.