El Gobierno aplicará la jornada de 35 horas a los funcionarios del Estado en abril
La medida, confirmada por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, beneficiará a cerca de 250.000 funcionarios y personal laboral en todo el país. Foto EP - Carlos Luján
La medida entrará en vigor en la primera quincena de abril y beneficiará a unos 250.000 empleados públicos.
El Gobierno central aplicará la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados de la Administración General del Estado (AGE) a partir de la primera quincena de abril, una vez finalizada la Semana Santa. La medida, confirmada por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, beneficiará a cerca de 250.000 funcionarios y personal laboral en todo el país.
La iniciativa cuenta con el respaldo unánime de las principales organizaciones sindicales del sector público. Tras las negociaciones mantenidas en la Mesa de la AGE, tanto UGT y CCOO como CSIF han dado su visto bueno al documento definitivo. El Ministerio de Función Pública dispone ahora de un plazo máximo de 15 días para publicar la resolución oficial que regulará los nuevos horarios.
El acuerdo alcanzado establece una jornada general de trabajo efectivo equivalente a 1.533 horas anuales. Esta reducción horaria busca equiparar las condiciones de los trabajadores estatales con las de la mayoría de empleados autonómicos y municipales, quienes ya disfrutaban de esta medida desde hace meses.
Uno de los puntos clave de la negociación ha sido la inclusión de los colectivos con jornadas especiales o turnicidad. El texto definitivo garantiza que la reducción se aplicará también a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias y al personal sanitario y docente de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La adaptación específica para estos sectores se desarrollará a través de sus respectivas mesas de negociación.
Las organizaciones sindicales han valorado positivamente el pacto. Desde CCOO señalan que la reducción del 7,1 % del tiempo de trabajo ordinario exigirá revisar la planificación de los recursos humanos. Por su parte, UGT destaca la mejora directa en la conciliación familiar y laboral, mientras que CSIF califica el avance como un hecho histórico al no excluir a ningún ámbito de la administración central.
Para garantizar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, el Gobierno se ha comprometido a orientar las futuras ofertas de empleo público hacia el fortalecimiento de las plantillas. Se priorizarán aquellas dotaciones de personal que estén directamente vinculadas a la atención al público y a la gestión de políticas esenciales.
