Una desclasificación que avala los privilegios

La desclasificación de los documentos relativos al intento de golpe de Estado en 1981 aprobada por el Gobierno en el último consejo de ministros, agudiza más aún en los sectores conservadores españoles la concepción de un Estado preconstitucional, de un Estado más anclado en el Antiguo Régimen que en el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho que debió consolidar nuestra Constitución Española de 1978.

Cualquier experto en la materia, bien sea historiador, jurista o politólogo sabe perfectamente que la diferencia fundamental entre un estado autoritario y uno democrático y constitucional es el reconocimiento de los derechos humanos para todos y la consolidación de los valores de libertad, igualdad, justicia, tolerancia, solidaridad y pluralismo. Lo que se traduce en la igualdad de todos ante la ley, la prohibición de discriminación por ninguna razón: sexo, religión, opinión, raza o cualquier otra circunstancia personal o social y la ausencia de privilegios.

Paradójicamente, la derecha sociológica es más tolerante con los poderosos que con los sectores más vulnerables de la sociedad. Consideran que el poderoso puede, por casta y por tradición, vulnerar el ordenamiento jurídico relativo a las obligaciones tributarias. Es más, si los poderosos consiguen eludir las obligaciones tributarias, son considerados héroes y el ejemplo a seguir.

El ejemplo actual más paradigmático está encarnado en el “novio” de Ayuso, alguien que se ha declarado delincuente confeso de fraude fiscal y los operadores de la justicia encargados de actuar en defensa de la legalidad tienen paralizadas todas sus actuaciones. Aún así, socialmente estos ciudadanos con considerados víctimas del sistema, cuando debería ser al contrario. Son delincuentes cuya conducta ha provocado cientos de víctimas, en muchos casos. Porque el defraudador fiscal está causando un daño social evidente. Con el dinero que el defraudador no entrega a la Hacienda Pública se podrían construir hospitales, escuelas, carreteras y mejoras de las redes de ferrocarril existentes, por ejemplo. Lo mismo ocurre con el dinero malversado por políticos corruptos, que no va destinado a cubrir necesidades sociales y sí a los “bolsillos” de estos delincuentes.

Pues bien, cuando estas conductas delictivas las realizan personajes social y políticamente relevantes, como ha podido hacer el antiguo jefe del Estado, el rey emérito, los sectores sociales y políticos conservadores callan, lo admiten, no lo denuncian, lo ven absolutamente normal. Y lo más sorprendente es que estos sectores consideran que “ellos también lo harían si estuvieran en el poder”.

Esta es la razón y no otra por la que el PP a instancia de Feijóo, ha solicitado que el rey emérito vuelva a España, porque con la desclasificación de los documentos del 23-F lo que se ha puesto de manifiesto es que el entonces rey Juan Carlos fue quién abortó el golpe de Estado, cuando, a pesar de la desclasificación de esos documentos sigue habiendo lagunas informativas y, aunque, evidentemente en la madrugada del 24 de febrero de 1981, el entonces rey compareciera públicamente y se pusiera del lado del ordenamiento constitucional, nunca sabremos lo que hubo antes, los posibles acuerdos a los que pudo llegar con golpistas como Armada.

La doble moral de la derecha política de PP y de VOX se pone de manifiesto diariamente defendiendo a capa y espada al rey emérito, a pesar de que haya indicios más que racionales para pensar que ha podido cometer delitos socioeconómicos muy relevantes. En cambio, cuando esos indicios determinan que quienes han podido cometer delitos socioeconómicos son personalidades políticas de la izquierda, los conservadores salen en tromba para acusar –sin apenas indicios racionales de criminalidad- a esos políticos progresistas.

Esta derecha actúa incluso utilizando el “lawfare” para criminalizar a los políticos progresistas.. Lo hemos visto recientemente con la actuación del Consejo General del Poder Judicial, que abrió expediente disciplinario al juez Ruiz de Lara que había llamado psicópata el presidente de gobierno y ha archivado el expediente amparando su actuación en la libertad de expresión. Lo mismo ha ocurrido con el juez Eloy Velasco, que llegó a decir en una charla que la exministra de igualdad, Irene Montero, da lecciones “desde su cajero de Mercadona”.